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Gobernadores mineros del norte exigen descentralización real para cerrar brechas de infraestructura

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Los gobernadores de las tres regiones mineras del norte de Chile —Ricardo Díaz de Antofagasta, Miguel Vargas de Atacama y José Miguel Carvajal de Tarapacá— coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una descentralización real que permita convertir la industria minera en un motor de desarrollo territorial sostenible. La postura fue presentada en el panel “Discusión entre gobernadores: Proyectos relacionados con minerales para el desarrollo regional”, realizado en el marco de la Conferencia OCDE “Regiones y Ciudades Mineras, Antofagasta 2026”, instancia que reunió a autoridades y expertos para abordar los desafíos de las zonas extractivas.

El encuentro se produce en un contexto de creciente debate sobre el rol de las regiones en la gestión de los recursos mineros y la necesidad de que los territorios donde se desarrolla la actividad reciban beneficios concretos. Las brechas de infraestructura vial, educativa y de conectividad han sido identificadas como obstáculos críticos para retener población y mejorar la calidad de vida en comunas mineras como Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen en Atacama, así como en otras zonas del norte grande. Los gobernadores buscan articular una agenda común que trascienda los ciclos políticos y apunte a un desarrollo de largo plazo.

Descentralización real y brechas de infraestructura: el llamado de los gobernadores mineros

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, fue enfático al señalar que “no podemos crecer con una infraestructura vial deficitaria”. En ese sentido, anunció que la región impulsa la creación de una agencia especializada en infraestructura que permita consolidar proyectos estratégicos para el desarrollo regional. Vargas también subrayó la importancia de vincular la educación técnica con las actividades productivas mineras, de modo de generar oportunidades reales para los jóvenes del territorio y evitar la migración hacia otras regiones.

Por su parte, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó que desde la Asociación de Gobernadores de Chile (AGORECHI) existe “una oportunidad tremenda de articularse” en torno a proyectos conjuntos de conectividad e integración de proveedores mineros que fortalezcan las economías locales. Díaz enfatizó que la Estrategia Regional Minera (EMRA) busca “construir una mirada de largo aliento” que sancione las brechas históricas y cree las condiciones para un mayor involucramiento comunitario y proveeduría local.

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, complementó esta visión indicando que muchas empresas mineras aún “no dimensionan lo que pueden gestionar con los gobiernos regionales” en términos de articulación territorial. Añadió que la descentralización permite puntos de encuentro para proyectar territorios desde la planificación y colaboración estratégica, y llamó a superar la mirada cortoplacista.

Retención poblacional y desarrollo sostenible: los próximos pasos de la agenda común

Una preocupación transversal entre los tres gobernadores es la población flotante que llega a trabajar en las operaciones mineras pero no se queda a residir en las comunas. Vargas señaló que la industria minera debe “contribuir en cubrir las necesidades de las comunidades junto a políticas públicas” en educación, salud e infraestructura, para que “las ciudades sean atractivas y amigables” y generen una dinámica económica local sostenible. En esa línea, los mandatarios acordaron mantener un trabajo conjunto para elaborar “hojas de ruta comunes” que permitan coordinar estrategias de desarrollo entre regiones.

El trabajo se da en medio de conversaciones presupuestarias con el gobierno central, donde la Dirección de Presupuestos (DIPRES) ha propuesto rebajas que podrían afectar los recursos regionales. A pesar de los desafíos financieros, las autoridades reafirmaron su compromiso de dialogar hasta conseguir los mejores resultados para sus territorios y ciudadanía. La instancia de la OCDE sirvió como plataforma para visibilizar la urgencia de políticas descentralizadoras efectivas y de inversión en infraestructura que permitan a las regiones mineras del norte dejar de ser vistas solo como proveedoras de minerales y convertirse en polos de desarrollo integral.