La Ley 21.420 de 2022, que cuadruplicó las patentes mineras, sigue generando debate en el sector. El presidente de la Cámara Minera de Chile y CEO de Metaproject Group, Manuel Viera Flores, calificó la normativa como un daño para la pequeña y mediana minería, al señalar que no fue una ley minera sino una ley de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que utilizó la propiedad minera como fuente de recaudación. Con la UTM de octubre en $72.151, una pertenencia de 100 hectáreas pasó de pagar $721 mil a $2,9 millones al año, con un horizonte de $86,6 millones solo por existir, según expuso el dirigente.
La ley original elevó la patente de explotación sin trabajos acreditados de 0,1 a 0,4 UTM por hectárea y la hizo escalar por quinquenios hasta 12 UTM. El resultado, según el análisis de la Cámara Minera, fue el contrario al prometido: entre 2022 y 2025 cayó la participación de pequeños y medianos titulares y subió la de las grandes empresas, Codelco, Enami y Corfo. La normativa castigó la ignorancia administrativa más que la ociosidad, dejando fuera a pirquineros como el de Tierra Amarilla con 30 hectáreas heredadas, que no alcanzó a postular o le rechazaron la rebaja.
Ley de patentes mineras 2026: el avance legislativo y sus alcances
El Congreso despachó el 28 de octubre una reforma que fija la patente general en 0,4 UTM y en 0,1 UTM con trabajos acreditados, amplía las causales de rebaja a proyectos con RCA vigente o en evaluación, permisos en trámite e información geológica certificada por Sernageomin. Además, crea un régimen de cinco años para titulares bajo 500 hectáreas empadronados en Enami, sube la patente especial a 150 hectáreas para pequeños mineros y 100 para artesanales, elimina parentesco, tipo societario y servidumbres como requisitos, y posterga el pago 2026 al 28 de febrero de 2027. La iniciativa fue aprobada con un consenso inédito: 107 a 2 en la Cámara y 37 a 1 en el Senado.
Viera Flores valoró el avance, pero advirtió que la pequeña minería aporta menos del 5% de la recaudación por patentes, por lo que el sacrificio fiscal discutido durante cinco meses es menor frente al problema de fondo. «Cuando subes las patentes 120 veces en 20 años, la gente abandona la propiedad minera», había resumido Jorge Riesco, presidente de la Sonami, en el debate. El dirigente de la Cámara Minera insistió en que con el cobre en máximos históricos y una cartera de US$104.549 millones esperando permisos, el país necesita exploradores y no pequeños mineros expulsados de sus cerros.
Impacto y proyecciones para la minería regional
La normativa tendrá efectos directos en la Provincia del Huasco y la Región de Atacama, territorios con fuerte presencia de pequeña minería y pirquineros. La postergación del pago 2026 hasta febrero de 2027 otorga un alivio financiero inmediato a los titulares de menor escala, mientras que el régimen especial para titulares bajo 500 hectáreas empadronados en Enami busca frenar el abandono de pertenencias. Sin embargo, desde la Cámara Minera advierten que la recaudación 2026 cerraría 13% por debajo de 2025, porque la base de titulares que paga se está achicando.
El llamado de la institución es a no seguir legislando contra la minería y a escuchar a quienes conocen el sector. «Rebajar la patente era lo mínimo. Lo importante viene después», concluyó Viera Flores, quien insistió en la necesidad de una política que fomente la exploración y la permanencia de los pequeños productores. La reforma, aunque celebrada transversalmente, deja abierta la discusión sobre el rol de la propiedad minera en el financiamiento fiscal y el futuro de miles de titulares en Atacama y el país.
