El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que elimina la patente minera progresiva en Chile, una iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast que modifica el régimen de concesiones mineras y deroga los incrementos escalonados establecidos en la Ley 21.420. La aprobación final en la Cámara de Diputadas y Diputados consolida un consenso parlamentario transversal para otorgar mayor estabilidad y certeza jurídica al sector, aliviar la carga financiera sobre la pequeña y mediana minería y dinamizar la exploración de nuevos yacimientos en las regiones del norte y centro del país.
La Ley 21.420, promulgada originalmente para financiar la Pensión Garantizada Universal, introdujo un esquema de patentes mineras progresivas que quintuplicaba e incluso decuplicaba el valor anual del pago para aquellos concesionarios que no pudieran acreditar trabajos continuos o el ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Diversos gremios del rubro advirtieron que dicha exigencia resultaba desmedida e incompatible con los ciclos reales de la prospección geológica, donde el levantamiento de información y la obtención de financiamiento suelen tomar varios años de labores intermitentes, lo que amenazaba la continuidad operacional de pirquineros y empresas júnior.
Eliminación de la patente minera progresiva devuelve certeza al régimen de concesiones
El punto neurálgico del proyecto despachado radica en la eliminación del esquema de patente minera progresiva, restableciendo un valor de amparo anual equilibrado y predecible. Además, se perfeccionan los mecanismos administrativos ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para evitar el acaparamiento especulativo de terrenos sin penalizar a quienes realizan exploración genuina en terreno. La medida apunta a destrabar la propiedad concesionada y a reabrir carteras de proyectos tempranos que habían quedado paralizados por el encarecimiento del gravamen.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el respaldo obtenido en el hemiciclo y el impacto de la medida para las economías regionales: «El despacho a ley de este proyecto cumple un compromiso prioritario de nuestro gobierno con las regiones mineras y con miles de pequeños y medianos productores que veían en la patente progresiva una amenaza directa a su continuidad operacional. Al corregir las distorsiones de la Ley 21.420, devolvemos la certeza jurídica, reactivamos el incentivo a la exploración de riesgo y fortalecemos la base sobre la cual se sustenta la producción del cobre y los minerales críticos del país».
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró la promulgación de la iniciativa: «La eliminación de la patente progresiva es un acto de justicia económica con quienes arriesgan su patrimonio en la prospección de minerales. La pequeña minería no es acaparadora por naturaleza sino exploradora de oficio, y este cambio legislativo le devuelve el aire financiero que requería para seguir operando, generando empleo en comunidades apartadas y aportando mineral a las plantas de procesamiento de Enami».
Impacto en las regiones mineras y proyecciones para la pequeña minería
La aprobación de la ley fue recibida con satisfacción por las asociaciones gremiales que integran a la pequeña y mediana minería, agrupaciones que alertaban sobre la inviabilidad financiera de conservar pertenencias históricas bajo el esquema previo. Del mismo modo, representantes del ecosistema de financiamiento de riesgo sostienen que una tasa de amparo razonable permitirá reabrir carteras de proyectos tempranos e incentivar la llegada de capitales internacionales para perforaciones geológicas, lo que podría traducirse en nuevas inversiones y empleo en comunas mineras como Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, en la Provincia del Huasco, así como en otras zonas de la Región de Atacama.
Tras superar su último trámite constitucional, el texto legal quedó en condiciones de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial, marcando el inicio de una nueva etapa regulatoria para el sector extractivo nacional. Se espera que la entrada en vigencia del nuevo marco legal permita a los titulares de pertenencias regularizar su situación y planificar sus operaciones con mayor previsibilidad, fortaleciendo la base productiva del cobre y los minerales críticos que Chile exporta al mundo.
