La oposición política chilena anunció este miércoles la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se conociera que firmó la mayoría de los decretos que permitieron la rebaja de condenas de 56 abusadores sexuales de menores, lo que implicó que gran parte de ellos quedara en libertad. La decisión fue adoptada por las bancadas de diputados de los distintos partidos de izquierda, tras escuchar las explicaciones que el abogado entregó en una sesión especial en la Cámara de Diputados, instancia en la que defendió su actuación y sostuvo tener “el convencimiento de haber cumplido con la Constitución y la ley”.
El caso ha generado conmoción en el ámbito político y judicial, y pone el foco en los procedimientos administrativos que permitieron la revisión y reducción de penas para condenados por delitos sexuales contra menores. La situación ocurre en el marco del gobierno del Presidente José Antonio Kast, quien asumió en marzo de 2026, y ha tensionado la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. La acusación constitucional es una herramienta de control político contemplada en la Constitución chilena, que permite a la Cámara de Diputados acusar a ministros de Estado por actos que comprometan su responsabilidad, y su admisibilidad será evaluada en los próximos días.
El ministro Rabat y su defensa en la sesión especial
Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, el ministro Rabat expuso los argumentos de su cartera y rechazó las críticas. Según sus declaraciones, no se le reprochó “ni una sola infracción de la ley” ni de la Carta Fundamental, y enfatizó que su actuar se ajustó a derecho. El secretario de Estado explicó que los decretos firmados se enmarcan en procedimientos regulares de rebaja de condenas, aunque no entregó detalles adicionales sobre los criterios utilizados en cada caso. La oposición, sin embargo, considera que su responsabilidad política es ineludible y que su firma facilitó la liberación de personas condenadas por delitos de alta gravedad.
Las bancadas de izquierda, entre las que se cuentan diputados de diversos partidos, anunciaron que la acusación se presentará formalmente en los próximos días. Para ello deberán reunir los patrocinios necesarios y fundamentar los cargos, que apuntarían a una infracción de deberes ministeriales y a la falta de resguardo del interés superior del niño. El proceso, de ser admitido, podría culminar en la destitución del ministro, aunque requiere de mayorías calificadas en ambas cámaras.
Impacto político y próximos pasos de la acusación
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia se suma a un clima de creciente confrontación entre el oficialismo y la oposición. El caso de los 56 abusadores sexuales ha provocado indignación en organizaciones de víctimas y en la opinión pública, que exigen explicaciones y responsabilidades. El gobierno, por su parte, ha respaldado al ministro Rabat y ha señalado que se trata de un procedimiento administrativo que se ajusta a la normativa vigente. Sin embargo, la presión política podría llevar a que el Congreso revise con lupa los decretos firmados y las razones que llevaron a la rebaja de las penas.
En los próximos días, la oposición deberá formalizar la acusación y la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre su admisibilidad. De ser acogida, se notificará al Senado, que actuará como jurado. Mientras tanto, el ministro Rabat continúa en sus funciones y ha reiterado su disposición a colaborar con las instancias que lo requieran. El desenlace de este caso no solo definirá su futuro político, sino que también sentará un precedente sobre la responsabilidad de los ministros en la aplicación de la ley y la protección de los derechos de la infancia.
