El Ministerio del Medio Ambiente ha salido al paso de diversas interpretaciones ciudadanas para aclarar que el proyecto de bolsas plásticas actualmente en tramitación legislativa no contempla la eliminación de la prohibición vigente desde 2018. La cartera fue enfática en señalar que la normativa que restringe la entrega de bolsas desechables de un solo uso en supermercados y comercios se mantiene plenamente vigente, y que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo buscan, por el contrario, fortalecer los estándares de sostenibilidad y economía circular en el país.
Esta aclaración surge a raíz del debate generado por el proyecto de ley N.º 17088-12, ingresado al Senado en septiembre de 2024 y que recientemente, el pasado 6 de octubre, fue despachado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados. El contexto de esta iniciativa responde a la necesidad de perfeccionar las definiciones técnicas sobre lo que constituye una bolsa reutilizable, un ámbito donde la normativa actual requería mayor precisión para evitar vacíos legales que pudieran ser aprovechados por el comercio minorista.
Detalles técnicos del proyecto de bolsas plásticas
La propuesta legislativa busca elevar de manera significativa las exigencias de durabilidad y el número de usos permitidos para los elementos de transporte de mercadería. Según lo expuesto por las autoridades, el proyecto establece que las bolsas plásticas reutilizables que se comercialicen —con la excepción expresa de las ferias libres— deberán cumplir con estrictos protocolos de certificación y rotulado. Esta medida tiene como fin garantizar que el consumidor final tenga claridad sobre la vida útil del producto que está adquiriendo, evitando la proliferación de plásticos que, bajo la etiqueta de reutilizables, terminan convirtiéndose en residuos de corta duración.
Un aspecto central del articulado es la exigencia de trazabilidad en la materia prima. El proyecto estipula que las bolsas deberán ser fabricadas en su totalidad con plástico recolectado y reciclado dentro de Chile. Con esta disposición, el Ejecutivo no solo busca reducir la huella de carbono asociada a la importación de materiales, sino también fomentar la industria nacional del reciclaje, integrando a los gestores de residuos locales en la cadena de valor de los nuevos envases permitidos por la ley.
Impacto ambiental y proyecciones legislativas
El impacto de esta normativa, una vez sea aprobada, será fundamental para consolidar los avances logrados en la última década respecto a la reducción de plásticos de un solo uso. Para la comunidad, esto implica una mayor fiscalización sobre la calidad de los materiales, asegurando que el mercado se ajuste a estándares de alta durabilidad. La implementación de estas medidas permitirá que el sistema de gestión de residuos sea más eficiente y alineado con los compromisos climáticos internacionales suscritos por Chile.
En cuanto a las próximas etapas, el proyecto continuará su tramitación en el Congreso Nacional, donde se espera que los parlamentarios profundicen en los mecanismos de fiscalización para asegurar que el comercio cumpla con los nuevos requisitos de rotulado. El Ministerio del Medio Ambiente ha reiterado su disposición a seguir dialogando con los actores involucrados para que la transición hacia este nuevo modelo de bolsas plásticas sea gradual, efectiva y, sobre todo, respetuosa con el medio ambiente y los ecosistemas locales.
