Una profunda diferencia al interior del Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha quedado al descubierto a raíz de la adhesión de Chile a la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), iniciativa impulsada por Estados Unidos. Según fuentes de Palacio, la pugna enfrenta al ministro de Defensa, Fernando Barros, con la dupla conformada por el asesor internacional Eitan Bloch y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. Las diferencias se habrían vuelto insalvables durante una reunión en La Moneda, lo que motivó la postergación de la firma del pacto y mantiene en suspenso el rol de Chile en el Escudo de las Américas.
El origen del conflicto radica en el enfoque estratégico que Chile debe adoptar frente a la presión de Washington para incorporar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado transnacional. Mientras Barros defiende una postura restrictiva respecto del uso de capacidades militares en tareas de seguridad, Bloch e Irarrázaval representarían una posición más permeable a una integración directa con las iniciativas del Comando Sur y las políticas regionales orientadas a contener la expansión de los cárteles. La disputa refleja, según reconocen en el oficialismo, la coexistencia de «dos almas» en la derecha chilena frente a la creciente influencia internacional sobre el Cono Sur.
La pugna por la adhesión de Chile a la coalición contra los cárteles
Fuentes del Ejecutivo señalan que Bloch e Irarrázaval «juegan de memoria» y coordinan sus posiciones de manera fluida en La Moneda. Bloch, de nacionalidad argentina y con trayectoria en materias de seguridad, mantiene un perfil asociado a labores de inteligencia y habría colaborado en la agenda internacional del Presidente Kast, además de cultivar estrechos vínculos con el lobby judío en Estados Unidos. En contraste, el ministro Barros —quien trabajó en la defensa de Augusto Pinochet en Londres y articuló contactos con sectores conservadores británicos— encarna una línea orientada al resguardo de la soberanía y del marco constitucional, y ha manifestado reparos frente a una alineación automática con Estados Unidos y a declaraciones unilaterales provenientes de Washington.
Algunos en el oficialismo sostienen que fue Barros quien recomendó en Palacio mantener, por ahora, a Chile en calidad de observador y postergar una eventual incorporación formal a la coalición impulsada por Donald Trump. En esa línea se inscribiría también el envío del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a República Dominicana, con la misión de comunicar que Chile participa únicamente como observador. Sin embargo, una alta fuente diplomática cuestiona que esa categoría exista formalmente dentro de la instancia y advierte que persisten diferencias en el Ejecutivo respecto del nivel de compromiso que nuestro país debería asumir con Washington.
Impacto y proyecciones: el futuro del rol chileno en el Escudo de las Américas
La decisión del Presidente Kast de enviar al subsecretario Pavez a la reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles dejó abiertas varias interrogantes: qué instrucciones recibió la delegación chilena, qué significa exactamente su condición de observador y hasta dónde llegan las diferencias dentro del Gobierno respecto de una iniciativa de seguridad impulsada por Estados Unidos. La postergación de la firma del pacto A3C no solo evidencia la fractura interna en el oficialismo, sino que también proyecta incertidumbre sobre la posición geopolítica de Chile en la región.
El desenlace de esta pugna tendrá consecuencias directas en la agenda de seguridad nacional y en la relación bilateral con Washington. Mientras la dupla Bloch-Irarrázaval aboga por una mayor convergencia con Estados Unidos ante lo que considera un escaso margen de maniobra regional, Barros privilegia una posición más cautelosa, orientada a contener los riesgos geopolíticos y preservar espacios de autonomía para Chile. En los próximos días se espera que el Ejecutivo defina su postura definitiva respecto de la adhesión a la coalición contra los cárteles, un tema que seguirá marcando la pauta en La Moneda y que podría redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
