La **formalización de 55 acusados** por el delito de hurto de cobre perteneciente a la División El Teniente de Codelco y sustracción de cables de telecomunicaciones marcó el cierre de una compleja investigación en la Región de O’Higgins. Tras tres intensos días de audiencia en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la magistrada dictó las medidas cautelares correspondientes, confirmando la magnitud de la red criminal que operaba en la zona. Este hecho judicial es el resultado de seis meses de trabajo conjunto entre la Fiscalía Local de Rancagua y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes desarticularon la organización tras las denuncias presentadas por las empresas afectadas.
La operación, bautizada como “Beta Roja”, implicó allanamientos simultáneos en las comunas de Rancagua, Machalí, Mostazal y Graneros, logrando la detención de los 55 imputados. Un dato relevante durante la audiencia fue la modificación del cargo imputado: tanto la Fiscalía como las defensas acordaron cambiar la tipificación de “robo” a “hurto”, lo cual tiene implicancias legales significativas en cuanto a la gravedad del delito y las penas aplicables. Esta precisión jurídica refleja el esfuerzo por ajustar la acusación a los hechos probados durante la etapa de investigación preliminar.
Detalles de la formalización de 55 acusados y medidas cautelares
Entre los imputados destaca la figura de un excarabinero, quien es sindicado por la Fiscalía como el líder de la banda. Según los antecedentes presentados en la audiencia, este sujeto coordinaba las acciones de sustracción y distribución de los materiales robados. La presencia de un exfuncionario de las Fuerzas de Orden en la cúpula de la organización genera preocupación por el conocimiento técnico y las conexiones que pudo haber utilizado para evadir controles de seguridad en las instalaciones mineras y de telecomunicaciones.
En cuanto a las medidas cautelares, la jueza decretó **prisión preventiva** para siete de los acusados, por el tiempo que dure la investigación. A otros diez imputados se les aplicó arresto domiciliario total, mientras que los 38 restantes quedaron sujetos a medidas menos gravosas, tales como firma mensual en la comisaría y arresto nocturno. Esta diferenciación en las cautelas obedece al grado de participación y peligrosidad de cada individuo dentro de la estructura criminal, buscando garantizar el orden público y la no obstaculización de la justicia.
Impacto en la seguridad minera y plazos de la investigación
El tribunal fijó un plazo de 210 días para el término de la investigación, periodo durante el cual la PDI y la Fiscalía continuarán recopilando pruebas, interrogando a testigos y analizando la trazabilidad del cobre sustraído. La División El Teniente, una de las minas subterráneas de cobre más grandes del mundo, ha reforzado sus protocolos de seguridad interna y externa tras este incidente, en coordinación con las autoridades policiales. La sustracción de cobre no solo representa una pérdida económica significativa para el Estado chileno, sino que también afecta la cadena de suministro y la integridad de la infraestructura industrial.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles de acceso y monitoreo en las zonas mineras del país, especialmente aquellas con alta concentración de recursos estratégicos. La comunidad de Rancagua y las comunas aledañas esperan que la justicia determine con precisión el alcance de la red y las sanciones pertinentes, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia y la protección de los activos nacionales.
