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La confusa desaparición de una madre de 32 años en el sur del país mantuvo en vilo a la comunidad durante más de cinco meses, un caso de alta conmoción nacional que ahora vuelve a la palestra pública tras recordarse los estremecedores detalles del proceso judicial que culminó con una condena. Los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando la comuna de San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos, se volcó de manera desesperada en la búsqueda de Regina Del Carmen Pichún Puebla, una mujer y madre de dos hijos que pareció esfumarse sin dejar rastro tras ser vista en las inmediaciones de una laguna local.
Desde el primer momento, las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y las policías desplegaron un operativo de gran envergadura. El fiscal jefe de Mariquina, Alejandro Ríos Carrasco, detalló en su oportunidad que la investigación activó de inmediato una orden a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), la cual efectuó empadronamientos masivos, contacto con familiares en diversas ciudades y exhaustivos rastreos en terreno. El análisis del tráfico de llamadas telefónicas permitió ubicar el último registro de la víctima en las cercanías de un cuerpo de agua a tres kilómetros del radio urbano, movilizando a efectivos policiales, buzos tácticos, voluntarios de Bomberos y tecnología de rastreo avanzado.
La confesión que reveló el ocultamiento del cuerpo
Pese al amplio despliegue inicial, el paradero de la víctima se mantuvo en absoluta incertidumbre hasta marzo de 2018, fecha en la que Eduardo Ramírez decidió poner fin al misterio mediante una cruda confesión ante la PDI. El sujeto, de entonces 40 años, accedió de forma voluntaria a entregar la ubicación exacta donde había abandonado los restos de la mujer, los cuales ocultó al interior de un saco en un predio forestal perteneciente a la empresa Forestal Arauco, ubicado en la misma comuna de Mariquina. Tras la entrega de estos antecedentes, el Juzgado de Garantía local decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo investigativo inicial de 180 días.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía durante las distintas etapas judiciales, la dinámica de los hechos se originó en el taller de trabajo del acusado. En medio de una discusión surgida por la relación esporádica que ambos mantenían —en paralelo a la relación formal que el victimario sostenía con otra mujer que esperaba un hijo—, el agresor sujetó a la víctima por el cuello hasta provocarle la muerte por asfixia. Durante el juicio oral llevado a cabo en junio de 2019, el condenado intentó justificar su actuar señalando ante el tribunal que perdió el control de sus actos: «Perdí la noción… exploté», declaró, reconociendo que, en lugar de dar aviso inmediato a las instituciones policiales, decidió ocultar el cuerpo motivado por el temor a las repercusiones familiares y al inminente nacimiento de su hija.
Veredicto condenatorio y cierre judicial del caso
Tras la ponderación de las pruebas científicas, los testimonios y la propia declaración del acusado, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio en contra de Eduardo Ramírez en calidad de autor del delito de homicidio simple. El tribunal acreditó fehacientemente que la agresión mortal se perpetró el 4 de octubre de 2017 al interior del taller mecánico, tras una pelea que derivó en la maniobra de estrangulamiento. Este fallo cerró un capítulo doloroso para los familiares de Regina Pichún, quienes durante años exigieron justicia y claridad respecto a las circunstancias que rodearon la pérdida de la joven madre, evidenciando una vez más la rigurosidad de las pesquisas policiales y judiciales en casos de presunta desgracia y violencia de género en el país.
