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El caso de la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado mexicano de Chihuahua sumó un nuevo capítulo con la confirmación de que el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, se encuentra prófugo desde mediados de mayo, cuando renunció a su cargo y abandonó sus funciones. Sobre él pesa una orden de aprehensión por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante autoridades. Zuany es señalado como la pieza clave que permitió el ingreso y la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano, específicamente en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
La trama se remonta a los meses previos al operativo realizado el 17 y 18 de abril, cuando cuatro agentes de la CIA —no dos, como se creyó inicialmente— participaron en actividades de capacitación, adiestramiento y planeación junto a personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, entonces comandada por César Jáuregui Moreno. Aunque las autoridades sostienen que los agentes no intervinieron directamente en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, su presencia habitual en las dependencias oficiales habría sido posible gracias a la cercanía con Zuany Portillo, quien les habría abierto las puertas de la institución.
El rol de Zuany Portillo en la trama de la injerencia extranjera
De acuerdo con las investigaciones difundidas por medios mexicanos, el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas mantenía una relación estrecha con los agentes de la CIA, lo que facilitó su involucramiento en tareas de planificación y entrenamiento con personal local. Esta situación derivó en la apertura de una indagatoria sobre la legalidad de dichas actividades, pues la legislación mexicana restringe la participación de fuerzas extranjeras en operativos de seguridad interior. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y solicitó la comparecencia de Zuany, quien hasta ahora no ha sido localizado.
El exfuncionario renunció a su cargo a mediados de mayo y, según reportes periodísticos, vació su oficina antes de desaparecer. La orden de aprehensión en su contra fue girada por un juez de control con base en los elementos de prueba recabados, entre ellos testimonios y documentación que acreditarían su participación en los hechos. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero, mientras se mantiene la pesquisa sobre la actuación de otros funcionarios que podrían haber estado involucrados.
Implicancias del caso y la cooperación internacional en seguridad
El caso ha generado un intenso debate en México sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional. La presencia de agentes de la CIA en operativos locales, aunque sea en tareas de apoyo, plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de los acuerdos bilaterales. Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han exigido una investigación exhaustiva que esclarezca la cadena de mando y las autorizaciones que permitieron el ingreso de los agentes extranjeros.
Para la comunidad de El Pinal y la región de Chihuahua, el episodio refleja la compleja realidad de la lucha contra el crimen organizado, donde la colaboración con agencias extranjeras puede derivar en cuestionamientos legales y políticos. La Fiscalía estatal, ahora bajo otra conducción, ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con la aplicación de la ley, mientras el caso de Zuany Portillo se convierte en un símbolo de la impunidad que puede rodear a funcionarios que actúan al margen de la normativa.
La búsqueda del exfiscal continúa y las autoridades han desplegado operativos en coordinación con instancias federales. Se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos avances en la investigación, que podrían involucrar a más exfuncionarios y revelar la magnitud de la injerencia extranjera en el estado. Mientras tanto, el caso permanece abierto y la sociedad mexicana observa con atención el desarrollo de un proceso que pone a prueba la institucionalidad y la capacidad del Estado para investigar y sancionar las conductas ilegales en sus propias filas.
