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Informe del ISP revela que minería y transporte lideran muertes laborales en Chile con más de mil fallecidos




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Un reciente estudio dado a conocer por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) reveló que más de mil trabajadores perdieron la vida a nivel nacional en accidentes laborales entre los años 2021 y 2025, situando a la minería y el transporte como las actividades económicas más peligrosas del país. El informe, titulado Informe de Accidentabilidad Grave y Fatal en Chile 2021–2025 y elaborado por el Departamento de Salud Ocupacional del ISP utilizando estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), contabilizó un total de 1.004 fallecidos y 9.065 accidentes graves durante el quinquenio analizado, lo que pone de manifiesto la urgencia de reforzar los estándares de seguridad y fiscalización en los principales motores productivos del territorio nacional.

La magnitud de estas cifras interpela directamente a las normativas de prevención de riesgos y a las políticas de fiscalización que implementan tanto las empresas como los organismos administradores del seguro de la Ley N° 16.744. Históricamente, sectores productivos de alta exigencia operacional como la minería, la construcción y el transporte han debido lidiar con condiciones complejas, donde la manipulación de maquinaria pesada, el traslado de carga a lo largo de las rutas nacionales y las faenas en altura exigen protocolos rigurosos. Sin embargo, el análisis del ISP advierte que, pese a los avances tecnológicos y normativos, las tasas de mortalidad y accidentabilidad continúan cobrando vidas de manera alarmante, afectando con especial dureza a las pequeñas y medianas empresas que operan con menores márgenes de recursos preventivos.

Sectores críticos y radiografía de la mortalidad laboral en Chile

Al desglosar los resultados del documento, el organismo técnico detalló que durante el año 2025 tanto la minería como el transporte compartieron la tasa de mortalidad laboral más elevada entre los sectores examinados, registrando un 0,014% respecto de sus trabajadores protegidos, lo que equivale a aproximadamente 14 decesos por cada 100.000 trabajadores. No obstante, al observar el número absoluto de víctimas fatales acumuladas durante el quinquenio, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones lideró la estadística con 272 fallecidos, seguido de cerca por la construcción con 188 víctimas y la agricultura con 131. Desde una perspectiva técnica, estas cifras permiten contrastar el riesgo proporcional por cantidad de empleados con la concentración real de tragedias humanas en sectores estratégicos para la economía del país.

En el ámbito específico de la minería, pilar fundamental de la economía de regiones como Atacama y el norte chileno, los procesos de extracción, las labores subterráneas, el mantenimiento industrial y el uso de equipos de gran tonelaje continúan demandando controles operacionales sumamente estrictos. El informe destaca que las muertes no responden a una causa única, sino a una multiplicidad de factores donde la falta de barreras de control efectivas, la fatiga laboral y las brechas en la cultura preventiva de las empresas contratistas y subcontratistas juegan un papel determinante. Asimismo, el aumento global registrado durante 2025, año que cerró con 225 trabajadores fallecidos, rompió parcialmente con las expectativas de descenso sostenido que se observaban en periodos anteriores.

Desafíos institucionales y urgencia en la prevención de riesgos

Ante este escenario, las autoridades del sector laboral y de salud ocupacional enfatizan que los datos recopilados por el Instituto de Salud Pública deben constituir una hoja de ruta obligatoria para replantear las estrategias de seguridad en faenas industriales y rutas de transporte. La necesidad de fortalecer la fiscalización en terreno, mejorar la capacitación continua de los operarios y asegurar que las pequeñas empresas accedan a soporte técnico en materia preventiva se alzan como desafíos ineludibles para reducir la siniestralidad. La protección de la vida humana en los espacios de trabajo representa un compromiso ético y legal ineludible para el desarrollo productivo de Chile en los próximos años.