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La Contraloría General de la República abrió una revisión sobre la contratación de César Quiroga Soria como asesor de gabinete de la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y solicitó a la Cancillería explicar los fundamentos que tuvo en consideración para incorporarlo a la administración pública. La solicitud está contenida en el oficio N° OF197812/2026, fechado el 19 de octubre, emitido por la División de Función Pública del organismo fiscalizador, que busca conocer las razones que sustentaron la designación del funcionario, quien fue condenado en Bolivia en 2004 por malversación de fondos públicos en el denominado caso Santa Bárbara.
El caso se originó tras una investigación periodística que reveló que Quiroga Soria fue condenado en Bolivia a dos años de prisión por malversación de fondos públicos, sentencia que fue ratificada por la justicia boliviana en 2013. El proceso, conocido como caso Santa Bárbara, se remonta a la compra irregular de un terreno por parte de la Municipalidad de La Paz en 1997, operación valorizada entonces en US$1,6 millones. La condena alcanzó a la entonces alcaldesa de La Paz, Gaby Candia de Mercado, y a otros funcionarios municipales, entre ellos Quiroga Soria. La Contraloría, tras revisar los antecedentes disponibles en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), detectó la contratación y decidió oficiar a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para que entregue detalles sobre el proceso de designación.
Contraloría exige explicaciones por contratación de asesor condenado en Bolivia
Según los antecedentes consignados por la Contraloría, mediante una resolución exenta del 25 de mayo de 2026, la Secretaría y Administración General de Relaciones Exteriores dispuso la designación de Quiroga Soria a contrata, asimilado a un cargo grado 4° de la planta de profesionales, por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de este año. El organismo fiscalizador cita el artículo 9° de la Ley N°10.336, que faculta al Contralor General para requerir a autoridades y funcionarios los datos e informaciones necesarios para el cumplimiento de sus labores de fiscalización. En virtud de esa facultad, solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que informe detalladamente las razones que sustentaron la contratación.
La controversia ya había generado cuestionamientos políticos. El martes, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad oficiar a Cancillería para solicitar antecedentes sobre la contratación. La iniciativa fue impulsada por el diputado socialista Nelson Venegas, quien planteó que el origen boliviano del funcionario no era el punto de discusión, sino sus antecedentes judiciales. «Lo que nos preocupa no es la nacionalidad, sino que una persona condenada por malversación de fondos públicos ocupe un cargo de asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores», habría señalado el parlamentario en la instancia, según consignó la prensa. La Cancillería, por su parte, sostuvo tras las primeras publicaciones que Quiroga Soria había presentado sus antecedentes personales, académicos y laborales, que cumplía con los requisitos del cargo y que no tenía una condena penal en su contra, agregando que sus funciones estaban relacionadas con el ámbito legislativo y que el funcionario es chileno. Sin embargo, esa respuesta no aclaró qué antecedentes sobre su condena en Bolivia fueron considerados durante el proceso de contratación.
Quiroga Soria llegó a la Cancillería después de haber trabajado durante varios años en el Congreso chileno como asesor legislativo del exsenador UDI José Miguel Durana. De acuerdo con información de Transparencia Activa citada, actualmente recibe una remuneración bruta mensual de $3.637.866 por sus funciones en la Secretaría General de Política Exterior. La controversia también se relaciona con los antecedentes de su hermano, Gonzalo Quiroga Soria, quien fue contratado como jefe de Finanzas del Ministerio de Ciencia y permaneció una semana en el cargo. Renunció en marzo, después de que se conocieran en Chile denuncias sobre presuntas irregularidades y estafa vinculadas con su actividad anterior en Bolivia.
Impacto y proyecciones: Cancillería tiene 10 días para responder
La Cancillería dispone de 10 días hábiles, contados desde la total tramitación del oficio, para entregar su respuesta a Contraloría. El organismo fiscalizador busca conocer los fundamentos que tuvo el Ministerio para contratar a una persona con una condena por malversación de fondos públicos en el extranjero, lo que podría derivar en eventuales responsabilidades administrativas si se determina que hubo falta de diligencia en la revisión de antecedentes. El caso ha puesto en el centro del debate la rigurosidad de los procesos de selección de personal en la administración pública, especialmente en cargos de confianza como los asesores de gabinete, y la necesidad de que las instituciones verifiquen de manera exhaustiva los historiales judiciales de los candidatos, incluso cuando las condenas se hayan producido en el exterior.
La revisión de Contraloría se suma a las solicitudes de información de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que busca esclarecer las circunstancias de la contratación. El caso también ha reavivado el escrutinio sobre los nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la coherencia entre los requisitos de idoneidad moral y los antecedentes penales de los funcionarios públicos. Se espera que en los próximos días la Cancillería entregue su respuesta al oficio, lo que permitirá a Contraloría evaluar si la contratación se ajustó a la normativa vigente y si corresponde adoptar medidas adicionales. Mientras tanto, el debate público se mantiene atento a las explicaciones que entregue el Ministerio y a las eventuales consecuencias que el caso pueda tener para la imagen de la institución y para la confianza en los procesos de selección del Estado.
