En un hito judicial de gran relevancia para el sistema jurídico nacional, la justicia chilena dictó la primera condena bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, sancionando a un empresario al pago de una millonaria multa y libertad vigilada intensiva tras comprobarse su responsabilidad en graves daños ecológicos. La sentencia marca un precedente histórico en la persecución y castigo de ilícitos que afectan los ecosistemas del país, estableciendo estándares inéditos en la aplicación de la normativa vigente.
El fallo judicial recae sobre el empresario Cristian Zaro, quien fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de 30.000 UTM —equivalentes a cerca de 2.200 millones de pesos chilenos—, además de la obligación de participar en programas de formación e inducción ambiental. Los hechos que motivaron esta sanción ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos, donde se acreditaron faenas ilegales de corte de árboles y depósito de escombros sobre un humedal estratégico cercano al río Lingue, todo ello sin contar con las autorizaciones sectoriales correspondientes.
Implicancias de la nueva ley de delitos ambientales
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y consignados por medios locales, la investigación logró acreditar el perjuicio ecológico generado en el sector afectado. Sin embargo, durante el proceso judicial, la defensa encabezada por el abogado Juan Carlos Vidal cuestionó públicamente la magnitud real de los daños atribuidos a las obras, argumentando ante el tribunal que su representado operaba respaldado por permisos y un Plan de Manejo debidamente visado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Si bien el organismo persecutor había solicitado inicialmente una pena efectiva de ocho años de cárcel para el acusado, junto con una multa pecuniaria cercana a los 1.700 millones de pesos, el tribunal ponderó los antecedentes de la causa y optó por conceder una pena sustitutiva, combinando la supervisión intensiva en libertad con una sanción económica histórica que busca disuadir futuras afectaciones a los cuerpos de agua y humedales protegidos a lo largo del territorio nacional.
Proyecciones y fiscalización ecológica en el país
Este dictamen judicial refuerza el rol de los tribunales chilenos en la protección del patrimonio natural y abre una nueva etapa en la fiscalización de proyectos productivos y particulares que operan en zonas de alto valor ecológico. La implementación rigurosa de este cuerpo legal busca garantizar que la actividad económica nacional se desarrolle en estricto apego a la legislación ambiental, otorgando herramientas efectivas a la institucionalidad para sancionar el daño a los ecosistemas.
Desde Enfoque Digital seguiremos monitoreando la evolución de esta y otras causas judiciales que marcan el devenir normativo de nuestro país, consolidando el periodismo riguroso y comprometido con la sustentabilidad y el respeto irrestricto al medio ambiente en Chile.
