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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) anunció este lunes que iniciará el proceso para revocar las residencias definitivas de cinco ciudadanos extranjeros detenidos durante los incidentes registrados en la conmemoración del 18 de octubre, con el objetivo de concretar posteriormente sus expulsiones del país. La medida, confirmada por el director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, afecta a tres ciudadanos peruanos y dos haitianos, a los que se suma un venezolano que habría ingresado a Chile por un paso no habilitado y que también podría enfrentar una orden de expulsión. La decisión se enmarca en la política de mano firme anunciada por el gobierno del presidente Kast para quienes alteren el orden público.
El anuncio se produce tras los desórdenes ocurridos durante la jornada del domingo, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario del estallido social de octubre de 2019. Según los antecedentes entregados por Migraciones, los cinco extranjeros con residencia definitiva fueron detenidos en flagrancia por distintos delitos, entre ellos faltas a la autoridad, porte de armas cortantes y una infracción a la Ley 20.000 de drogas. El organismo ya trabaja en los procedimientos administrativos para dejar sin efecto los permisos migratorios, lo que podría derivar en la expulsión del territorio nacional.
Autoridad migratoria confirma proceso de revocación de residencias
El director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, detalló que los tres ciudadanos peruanos y los dos haitianos cuentan con residencia definitiva en Chile. Incluso, uno de los haitianos había solicitado la nacionalidad chilena, aunque su petición no fue acogida. «Como ha señalado el presidente Kast, no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile», sostuvo la autoridad.
En esa línea, Sauerbaum agregó que «no se puede permitir este tipo de situaciones, y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado, ahora se hará lo mismo». La autoridad fue enfática en señalar que «aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público». Las declaraciones reflejan la determinación del Ejecutivo de utilizar las facultades administrativas para sancionar a extranjeros con residencia regular que incurran en delitos o faltas graves.
De acuerdo con la información proporcionada por Migraciones, dos de los ciudadanos peruanos, identificados como Raúl Yupanqui Ulloa y Reynaldo Héctor Abad Salazar, registraban detenciones en flagrancia correspondientes a 2022 y 2024, respectivamente. En ninguno de esos casos se dictaron órdenes de expulsión. El tercer peruano, Víctor Diestra, fue detenido por falta de respeto a la autoridad. En cuanto a los ciudadanos haitianos, Ives Dossous fue arrestado por porte de arma cortante o punzante, mientras que Jean Claydy Delphonse fue detenido por mantener una orden vigente. Por último, el venezolano Isario Barreto fue arrestado por una infracción a la Ley 20.000 de drogas.
Impacto en la comunidad y proyecciones del proceso migratorio
El caso ha generado debate en torno a la política migratoria y la seguridad pública. La decisión del Sermig se suma a una serie de medidas adoptadas por el gobierno para fortalecer el control fronterizo y agilizar las expulsiones de extranjeros con antecedentes delictuales. Según cifras oficiales, durante el presente año se han concretado más de un centenar de expulsiones administrativas y judiciales, en su mayoría de personas con condenas por delitos graves.
El proceso de revocación de residencia implica una revisión administrativa en la que se evalúan los antecedentes de cada caso y se garantiza el derecho a defensa de los implicados. Una vez agotada la vía administrativa, el Sermig puede dictar la orden de expulsión, la que se ejecuta con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso del venezolano que ingresó por un paso no habilitado, se aplicará el procedimiento de expulsión por ingreso clandestino, contemplado en la Ley de Migración y Extranjería.
La autoridad migratoria no entregó plazos específicos para la concreción de las expulsiones, pero fuentes del organismo señalaron que se buscará acelerar los trámites para que se materialicen en el menor tiempo posible. Mientras tanto, los seis detenidos permanecen a disposición de los tribunales por los delitos que se les imputan, en causas que se tramitan en la Región Metropolitana. El Sermig reiteró su llamado a la comunidad extranjera a respetar las normas y a mantener una conducta cívica, advirtiendo que cualquier acto que altere el orden público será sancionado con la expulsión.
