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La audiencia de preparación de juicio oral (APJO) contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, volvió a fracasar este lunes luego de que el juez de garantía Hugo Torres se declarara inhabilitado, convirtiéndose en el segundo magistrado en abandonar la causa en menos de dos semanas. La decisión se produjo tras la solicitud de la Defensoría Penal Pública, que invocó una causal de implicancia basada en dos resoluciones previas del juez en las que habría mencionado a la imputada en al menos 20 ocasiones. Con este nuevo revés procesal, la causa será asumida por la jueza Constanza Estay, quien deberá retomar la APJO a las 13:30 horas de esta jornada.
El caso contra la exjefa comunal de Maipú se remonta a una investigación por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos, uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El Ministerio Público solicita una pena de 23 años de cárcel para Barriga, lo que convierte a este proceso en uno de los más emblemáticos de los últimos años en la Región Metropolitana. La complejidad de la causa y la alta exposición mediática han generado una serie de incidentes procesales que han dilatado el inicio del juicio oral.
Inhabilitación del juez Hugo Torres y los argumentos de la Defensoría
La Defensoría Penal Pública fundamentó su solicitud de inhabilitación en dos decisiones previas del magistrado: un pronunciamiento sobre la legitimación activa del municipio de Maipú y una sentencia condenatoria dictada contra cuatro imputados en procedimientos abreviados. Según el organismo, en ambas resoluciones el juez Torres habría hecho referencia a Barriga en múltiples ocasiones, lo que comprometería su imparcialidad. La petición fue respaldada por la defensa de la exalcaldesa, mientras que la Fiscalía, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se opusieron argumentando que no existían antecedentes suficientes para apartar al magistrado. Finalmente, Torres acogió la solicitud y se declaró inhabilitado.
Este nuevo incidente se suma a lo ocurrido hace apenas 12 días, cuando el juez Carlos Silva también se inhabilitó tras una recusación amistosa presentada por el municipio de Maipú, a la que se sumaron la Fiscalía Oriente y el CDE. En esa ocasión, el argumento fue la cercanía del magistrado con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes representan a Joaquín Lavín León, marido de Barriga, en una indagatoria por corrupción derivada de la misma investigación. Silva reconoció en la audiencia del 7 de octubre que mantenía una amistad de 15 años con Barahona y que ambos profesionales lo habían representado en causas particulares.
Impacto procesal y proyecciones del caso
La asunción de la causa por parte de la jueza Constanza Estay representa un nuevo intento por destrabar un proceso que ha acumulado suspensiones y reprogramaciones. La magistrada deberá revisar los antecedentes y conducir la APJO, instancia clave para determinar si existen fundamentos suficientes para llevar a Barriga a juicio oral. La defensa de la exalcaldesa ha insistido en que las inhabilitaciones sucesivas evidencian una vulneración a su derecho a un debido proceso, mientras que los querellantes sostienen que se trata de incidentes propios de la complejidad del caso.
El caso ha tenido una amplia cobertura mediática y ha generado un intenso debate público sobre la probidad en la administración municipal. La Municipalidad de Maipú, querellante en la causa, ha señalado que los delitos investigados habrían afectado gravemente el patrimonio comunal. Por su parte, el CDE ha reafirmado su compromiso con la persecución de los delitos de corrupción que involucren a funcionarios públicos. Se espera que en las próximas jornadas la jueza Estay fije una nueva fecha para la APJO, en un proceso que podría extenderse por varios meses más debido a los recursos pendientes y la complejidad de la investigación.
