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El debate sobre la sostenibilidad de la minería chilena ha cobrado una nueva dimensión estratégica con la propuesta de implementar un financiamiento greenfield modular, diseñado para resolver la brecha de capital que enfrentan los proyectos de exploración temprana. Esta iniciativa, impulsada por el sector privado y respaldada por la urgencia de reponer recursos minerales, busca transformar la información geológica en oportunidades de inversión concretas, asegurando así la continuidad de la producción cuprífera nacional en el mediano y largo plazo.
La coyuntura productiva actual exige una respuesta inmediata. Según las proyecciones de Cochilco, la producción chilena de cobre alcanzará las 5,27 millones de toneladas en 2026, lo que representa una caída del 2,6% respecto al año anterior. Aunque parte de esta variación responde a factores operacionales, el dato subraya un desafío estructural: la necesidad crítica de desarrollar nuevos yacimientos. Durante 2025, el gasto en exploración llegó a US$874,7 millones, su nivel más alto desde 2013, pero el 78,9% de ese monto fue destinado por grandes compañías a exploración en mina (brownfield), dejando a las empresas junior con apenas un 14,8% del presupuesto total, lo que limita la generación de nuevos descubrimientos.
Modelo modular de financiamiento greenfield y rol del Estado
Augusto Céspedes, CEO de Xplora Minerals, sostiene que la oportunidad radica en conectar herramientas existentes bajo un modelo que distribuya los riesgos. «La oportunidad está en conectar estas herramientas bajo un modelo modular de financiamiento greenfield, que permita distribuir los riesgos y acompañar la maduración de los proyectos», explica el ejecutivo. La propuesta contempla una primera etapa cofinanciada con recursos públicos para generar información geológica temprana, cuyos resultados se incorporarían a la plataforma SIGEX, reduciendo así la incertidumbre para el capital privado.
Este enfoque se alinea con experiencias internacionales exitosas, como el programa australiano ‘Exploring for the Future’, que destinó 225 millones de dólares australianos entre 2016 y 2024 a generar información geocientífica de acceso público. En Chile, el proyecto de Ley de Mercado de Capitales, presentado en septiembre, contempla medidas para facilitar este financiamiento, mientras que el Estado podría actuar como facilitador de conocimiento, recuperando aprendizajes del Fondo Fénix impulsado por Corfo en 2011 y aprovechando la infraestructura de Sernageomin.
Impacto en la exploración y proyecciones a futuro
La implementación de este esquema permitiría que el financiamiento no dependa de un único inversionista dispuesto a asumir toda la incertidumbre inicial. Cada etapa del proceso generaría evidencia, reduciría riesgos y abriría nuevas ventanas para atraer capital de empresas junior o socios estratégicos. El retorno de esta inversión no se mediría solo por la recuperación de fondos públicos, sino por su capacidad de movilizar nuevas campañas exploratorias y ampliar la cartera de proyectos futuros.
Chile cuenta con un potencial geológico reconocido internacionalmente y una infraestructura técnica sólida, pero estas ventajas no garantizan nuevos descubrimientos sin un ecosistema de financiamiento adecuado. Financiar el greenfield significa construir, etapa por etapa, las condiciones para descubrir nuevas minas. Es el desafío que el país debe abordar hoy para asegurar que el cobre que faltará mañana se financie y desarrolle desde ahora, garantizando la competitividad de la industria nacional en el escenario global.
