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Un reciente informe oficial elaborado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de Argentina proyecta que Argentina superará a Chile en producción de litio para el año 2029, posicionándose como el tercer productor mundial de este mineral estratégico. El documento titulado “Mercado de Litio 2026”, publicado este mes, detalla que la producción argentina se multiplicará casi por cinco desde las 120.000 toneladas registradas en 2025, hasta alcanzar las 573.300 toneladas anuales proyectadas para 2035. En contraste, el estudio advierte que el dinamismo chileno se ha visto frenado por desafíos normativos y retrasos en la definición de nuevas directrices institucionales para atraer capitales a la industria del llamado oro blanco.
El análisis, desarrollado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera en base a datos de S&P Global y estimaciones propias, explicita que Chile ha perdido terreno competitivo frente a las naciones vecinas. Según las proyecciones contenidas en el reporte, la producción nacional de litio —medida en toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE)— pasará de 280.781 toneladas en 2025 a 344.797 toneladas hacia 2035, lo que representa un crecimiento moderado del 23%. El informe enfatiza que, mientras la industria chilena creció un 9% anual, competidores globales como China y la propia Argentina han exhibido tasas de expansión muy superiores, reordenando el podio internacional donde Australia se mantiene como líder y China desplazó a Chile del segundo puesto durante el último periodo evaluado.
Factores regulatorios e incentivos a la inversión extranjera
El documento atribuye el estancamiento relativo de la minería chilena a la rigidez de su marco regulatorio para la captación de nuevos capitales y a la prolongada tramitación de políticas sectoriales que, de acuerdo con consultoras internacionales citadas en el texto, terminaron por ralentizar las inversiones tanto públicas como privadas. Esta realidad se contrasta fuertemente con el escenario argentino, impulsado desde 2024 por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), normativa que otorga altas cuotas de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a los proyectos mineros de gran escala instalados en provincias norteñas como Catamarca, Jujuy y Salta.
No obstante el avance trasandino, el mismo informe oficial reconoce que Chile mantiene ventajas estructurales innegables en el mercado global. Nuestro país concentra las mayores reservas mundiales de litio, albergando 49 millones de toneladas de LCE, lo que equivale al 24,9% del total global, muy por encima de las 23 millones de toneladas que posee Argentina. Asimismo, la industria chilena sigue dominando el comercio internacional del producto procesado: durante 2024, el país lideró el 62% de las exportaciones mundiales de carbonato de litio con envíos superiores a los US$2.600 millones, consolidándose además como el segundo productor mundial de compuestos químicos de litio, solo por detrás de la potencia asiática.
Proyecciones del mercado global y adopción tecnológica
El auge de la producción en Argentina se sustenta en siete proyectos activos y en la inyección de ingentes recursos financieros estimados en más de US$12.700 millones proyectados entre 2026 y 2030. Parte fundamental de este dinamismo responde a la incorporación de la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un método innovador que permite rescatar el mineral de las salmueras con tasas de recuperación superiores, menores tiempos de proceso y una reducción considerable en el uso hídrico y de suelo, aunque demande mayores costos de capital inicial por tonelada fabricada.
A nivel macroeconómico, el contexto internacional sigue favoreciendo a los países productores debido al acelerado avance de la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento energético. La demanda mundial de litio creció un 26,8% durante 2025 hasta alcanzar los 1,5 millones de toneladas, y se prevé que trepe hasta los 3,5 millones de toneladas en 2035. De acuerdo con las proyecciones sectoriales, el actual superávit de oferta tenderá a contraerse de forma drástica hasta transformarse en un déficit estructural hacia 2033, un escenario que mantendrá la presión sobre los precios internacionales y exigirá a los gobiernos sudamericanos agilizar sus marcos normativos para no perder competitividad en el mercado energético del futuro.
