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La seguridad en la minería chilena volvió al centro de la preocupación pública luego de que 13 trabajadores fallecieran en faenas durante 2026, una cifra que llevó al Gobierno a anunciar un refuerzo sustancial de las fiscalizaciones y los recursos destinados a prevención. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, informó el 16 de octubre que el presupuesto de seguridad minera de Sernageomin se incrementará para 2027, con la meta de elevar las inspecciones a 13.000 anuales al cierre de ese año, un 30% más que en 2026, y ampliar la cobertura al 50% del universo de faenas. La decisión surgió de una mesa transversal que reunió a trabajadores, compañías, asociaciones gremiales y organismos públicos, en un contexto marcado por la sucesión de accidentes fatales, entre ellos el alud del 11 de octubre en la mina El Teniente que costó la vida a dos trabajadores contratistas.
El anuncio gubernamental no es aislado. La principal industria exportadora de Sudamérica arrastra una seguidilla de siniestros que puso bajo examen sus sistemas de prevención. Solo en octubre, cuatro trabajadores murieron en apenas tres días, incluyendo a los dos contratistas de Codelco alcanzados por un alud en El Teniente. El accidente de julio de 2025 en la misma faena, que dejó seis fallecidos, ya había encendido las alarmas. En ese entonces, Codelco informó ajustes en monitoreo sísmico, actualización de estándares frente a estallidos y caída de roca, refuerzo de evacuaciones y capacitación. Sin embargo, tras el alud de octubre de 2026, la comunicación oficial de la estatal se concentró en condolencias, descripción de la emergencia y colaboración con la investigación, sin anunciar un nuevo programa extraordinario de prevención. Esa diferencia de alcance entre las decisiones del Gobierno y las respuestas empresariales es la que ha generado cuestionamientos.
Fiscalizaciones y metas: el plan gubernamental para la seguridad minera
El plan oficial no se limita al aumento de inspecciones. Sernageomin impulsó la reactivación de comités regionales, revisiones de riesgos y barreras críticas al comenzar los turnos, inspecciones no programadas y paralizaciones preventivas ante peligros inminentes. El biministro Mas sostuvo que “la seguridad no depende exclusivamente del Estado” y convocó a compañías y contratistas a asumir sus responsabilidades. No obstante, los anuncios públicos con metas cuantificables provinieron principalmente de las autoridades. El Consejo Minero, que representa a los grandes productores, reconoció mediante su gerente general, Carlos Urenda, la gravedad de los hechos y la necesidad de fortalecer la prevención, pero su declaración del 16 de octubre tampoco presentó un programa conjunto con presupuestos, responsables e hitos comprobables. La pregunta que sobrevuela es por qué las decisiones públicas más precisas surgen del organismo fiscalizador y no de las empresas que conocen, administran y supervisan diariamente los riesgos de sus operaciones.
El accidente de El Teniente evidenció además la relevancia de la gestión de contratistas: los dos trabajadores muertos pertenecían a una firma subcontratista que prestaba servicios a otra contratista. La responsabilidad preventiva, advierten los expertos, debe abarcar toda la cadena operacional y no solo al personal propio. Las cifras de fiscalización, por sí solas, no sustituyen la obligación permanente de identificar riesgos críticos, detener tareas inseguras y comprobar que las medidas correctivas funcionen. Más visitas oficiales no garantizan automáticamente una operación segura. En ese sentido, el debate apunta a la necesidad de que las empresas transparenten sus auditorías internas, inversiones en tecnología preventiva y planes de contingencia, aspectos que hasta ahora no han sido detallados públicamente.
Impacto en la industria y desafíos pendientes para la minería chilena
La seguidilla de muertes ha tenido un impacto directo en la confianza de los trabajadores y en la opinión pública. La minería es el sector económico más relevante del país y cualquier accidente fatal reabre el cuestionamiento sobre las condiciones laborales, especialmente para los contratistas, que representan una proporción significativa de la fuerza laboral en faenas como El Teniente. Organizaciones sindicales han exigido mayor fiscalización y sanciones efectivas, mientras que el Gobierno ha comprometido recursos para equipos, tecnología preventiva y una mayor presencia territorial de Sernageomin. Sin embargo, la implementación de estas medidas tomará tiempo y su éxito dependerá de la capacidad del organismo fiscalizador para ejecutar las inspecciones y de la colaboración activa de las empresas.
El desafío no es menor. La advertencia alcanza también a la minería argentina y a las operaciones de cordillera, expuestas a fenómenos meteorológicos extremos y tareas complejas. La prevención debe demostrar resultados antes de que ocurra un accidente, tanto en compañías titulares como en contratistas. Para 2027, el Gobierno espera alcanzar las 13.000 fiscalizaciones anuales y cubrir la mitad de las faenas del país. Pero la pregunta de fondo sigue siendo si las empresas mineras están dispuestas a asumir un rol protagónico en la prevención, con planes verificables y responsables identificables, o si el esfuerzo recaerá únicamente en el Estado. La respuesta a esa interrogante definirá si Chile logra revertir la tendencia de accidentes fatales que ha marcado el último año y medio.
