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La seguridad en la minería chilena volvió al centro de la agenda pública tras la muerte de 13 trabajadores en faenas durante 2026, una cifra que motivó al Gobierno a anunciar un refuerzo sustancial de las inspecciones mineras y de los recursos destinados a fiscalización. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, informó el 16 de octubre que el presupuesto de seguridad minera de Sernageomin se incrementará para 2027, con la meta de elevar las fiscalizaciones a 13.000 anuales al cierre de ese año, un 30% más que en 2026, y ampliar la cobertura al 50% del universo de faenas. La decisión surgió de una mesa transversal que reunió a trabajadores, compañías, asociaciones gremiales y organismos públicos, en un contexto de creciente preocupación por los accidentes fatales en la principal industria exportadora del país.
La sucesión de tragedias alcanzó un punto crítico en octubre, cuando cuatro trabajadores fallecieron en apenas tres días. Entre ellos se cuentan dos contratistas de Codelco que murieron a causa de un alud en la mina El Teniente, el 11 de octubre. Este accidente ocurrió poco más de un año después de otro siniestro en la misma faena, en julio de 2025, que dejó seis víctimas fatales y que ya había puesto bajo examen los estándares de prevención de la estatal. La acumulación de incidentes ha erosionado la confianza en los sistemas de seguridad y ha instalado la pregunta sobre la efectividad de las medidas adoptadas por las empresas y por el propio organismo fiscalizador.
Gobierno refuerza inspecciones mineras con metas concretas para 2027
El anuncio del biministro Mas incluye no solo el aumento de las fiscalizaciones, sino también el financiamiento de equipos, tecnología preventiva y una mayor presencia territorial de Sernageomin. Según explicó la autoridad, la seguridad no depende exclusivamente del Estado y convocó a las compañías y a las empresas contratistas a asumir sus responsabilidades. «La seguridad es una tarea compartida y requiere el compromiso de todos los actores», habría señalado el ministro en la instancia, aunque los anuncios públicos con metas cuantificables provinieron principalmente de las autoridades y no de las mineras. Sernageomin, por su parte, impulsó la reactivación de comités regionales, revisiones de riesgos y barreras críticas al comenzar los turnos, inspecciones no programadas y paralizaciones preventivas ante peligros inminentes.
Las cifras oficiales contrastan con la disparidad de respuestas del sector privado. Codelco informó medidas relevantes tras el accidente de julio de 2025, como ajustes en el monitoreo sísmico, actualización de estándares frente a estallidos y caída de roca, refuerzo de evacuaciones y capacitación. Sin embargo, tras el alud de octubre de 2026, su comunicación oficial se concentró en las condolencias, la descripción de la emergencia y la colaboración con la investigación, sin anunciar un nuevo programa extraordinario de prevención. El Consejo Minero, que agrupa a los grandes productores, reconoció la gravedad de los hechos a través de su gerente general, Carlos Urenda, y la necesidad de fortalecer la prevención, pero su declaración del 16 de octubre tampoco presentó un plan conjunto con presupuestos, responsables e hitos comprobables.
El desafío de la gestión de contratistas y la prevención de riesgos
El accidente de El Teniente evidenció además la complejidad de la cadena de subcontratación: los dos trabajadores fallecidos pertenecían a una firma subcontratista que prestaba servicios a otra contratista. Esta realidad plantea un desafío adicional para la fiscalización y para la responsabilidad preventiva, que debe abarcar a toda la cadena operacional y no solo al personal propio de las mineras. La pregunta que surge con fuerza es por qué las decisiones públicas más precisas provienen del organismo fiscalizador y no de las empresas que conocen, administran y supervisan diariamente los riesgos de sus operaciones. Estar presentes en una mesa de diálogo no equivale a anunciar cambios operacionales nuevos, y una respuesta específica después de un accidente no constituye una estrategia sectorial destinada a prevenir la repetición de tragedias.
No se puede descartar la existencia de auditorías y medidas internas no difundidas, pero precisamente por eso la exigencia periodística apunta a conocer cuáles son esas decisiones, quiénes las ejecutan, cuánto se invierte y cómo se verifica su eficacia. Las cifras de fiscalización no sustituyen la obligación permanente de identificar riesgos críticos, detener tareas inseguras y comprobar que las medidas correctivas funcionen. Más visitas oficiales no garantizan por sí solas una operación segura. La advertencia alcanza también a la minería argentina y a las operaciones de cordillera, expuestas a fenómenos meteorológicos extremos y tareas complejas, donde la prevención debe demostrar resultados antes de que ocurra un accidente, tanto en compañías titulares como en contratistas.
Con la vista puesta en 2027, el Gobierno deberá implementar el aumento de fiscalizaciones y rendir cuentas de su efectividad, mientras las empresas mineras enfrentan la presión de transparentar sus planes y demostrar que la seguridad es una prioridad real. La comunidad minera, especialmente en regiones como Atacama y la Provincia del Huasco, donde la actividad es un pilar económico, observa con atención las medidas que se adopten. La meta de 13.000 inspecciones anuales y la cobertura del 50% de las faenas son pasos concretos, pero el desafío de fondo sigue siendo construir una cultura de prevención que evite que más trabajadores pierdan la vida en el ejercicio de sus labores.
