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La decisión judicial de otorgar la libertad condicional Patricio Maturana, excarabinero condenado a más de 12 años de presidio por el ataque que dejó ciega a la actual senadora Fabiola Campillai durante las manifestaciones del estallido social, ha generado una profunda controversia política e institucional en el país. El beneficio fue concedido de forma unánime por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Talca, fijando su efectividad a partir del próximo 2 de diciembre, fecha en la que el exuniformado cumplirá con los requisitos temporales y normativos exigidos para acceder a esta medida penológica.
Maturana se encuentra actualmente recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, donde cumple una pena privativa de libertad de 12 años y 183 días por el delito de lesiones graves gravísimas. No obstante, al cómputo de su condena efectiva se le descontaron los extensos periodos en que permaneció bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y parcial previo a la lectura de la sentencia definitiva. Este marco técnico-legal le permitió postular al beneficio penitenciario tras haber obtenido anteriormente permisos de salida dominical y diaria otorgados por Gendarmería de Chile.
Reacciones en el Congreso ante la libertad condicional Patricio Maturana
El anuncio del tribunal provocó el inmediato y categórico rechazo de la senadora Fabiola Campillai, quien confirmó que recurrirá a las instancias legales correspondientes para impugnar y revertir el dictamen. La parlamentaria enfatizó que las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos no deberían ser beneficiadas con reducciones ni modalidades alternativas de pena, considerando el daño irreparable causado a las víctimas. En esta misma línea, desde el Frente Amplio, la senadora Beatriz Sánchez tildó de «burla a la justicia» el hecho de que el excapitán cumpla solo cerca de tres años de encarcelamiento efectivo frente a la severidad de las secuelas permanentes ocasionadas.
En contraste, sectores de la oposición, particularmente del Partido Republicano, respaldaron la resolución penitenciaria y volvieron a cuestionar la responsabilidad penal del exmilitar. El diputado Leandro Kunstmann aseveró que en el proceso judicial existieron peritajes técnicos que supuestamente no habrían sido ponderados adecuadamente durante el juicio oral, afirmando la convicción de su bancada respecto a la inocencia del imputado e instando al Ejecutivo a considerar el otorgamiento de un indulto presidencial para uniformados procesados en dicho contexto histórico.
Escenario judicial y proyecciones del debate penal
El otorgamiento de este beneficio ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, reinstalando en la agenda pública la discusión sobre los límites de la discrecionalidad penitenciaria y las demandas relativas a condenas dictadas tras la crisis social de 2019. Mientras las defensas jurídicas preparan las acciones ordinarias y extraordinarias para intentar frenar la salida del excarabinero, el sistema penal chileno vuelve a enfrentar el dilema de ponderar el estricto cumplimiento de las normas vigentes de reinserción frente a las exigencias de justicia efectiva en casos de violaciones a los derechos fundamentales.
