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Una auditoría GORE Atacama realizada de manera interna a la administración del gobernador regional Miguel Vargas Correa encendió las alarmas institucionales tras detectar observaciones financieras y contables por una cifra superior a los $26.200 millones de pesos. El informe técnico, con fecha de mayo de 2026, expuso severas inconsistencias en la gestión de recursos públicos, entre las que destacan la falta de respaldo técnico suficiente en diversas cuentas, considerables demoras administrativas que alcanzan los 855 días en el cobro de garantías y un saldo de $108,3 millones de pesos vencidos que aún no han sido recuperados por el erario regional.
Este millonario cuestionamiento sobre el control patrimonial pone nuevamente bajo la lupa pública los mecanismos de fiscalización interna en la Región de Atacama. La acumulación de saldos no aclarados e irregularidades formales en los procesos de rendición repercute de forma directa en la ejecución presupuestaria de la zona, afectando la confianza ciudadana en la destinación de las inversiones territoriales que financian obras de desarrollo social e infraestructura tanto en la Provincia de Copiapó y Chañaral como en la Provincia del Huasco.
Observaciones de la auditoría GORE Atacama y vulneración a la Contraloría
Uno de los puntos más críticos identificados en la investigación contable apunta a la vulneración sistemática de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República respecto a la entrega de fondos públicos a instituciones privadas sin fines de lucro. Pese a que los dictámenes N° 6.362 y N° 26.496 del órgano contralor prohíben taxativamente el uso de pagarés por no constituir instrumentos de cobro rápido e idóneos para cautelar el patrimonio estatal, el Gobierno Regional continuó aceptándolos como mecanismo principal de resguardo.
De acuerdo con los antecedentes detallados en el documento, la administración regional exigió a las organizaciones beneficiarias apenas un 5% de garantía efectiva mediante boletas bancarias, permitiendo que el 95% restante del monto asignado quedara respaldado únicamente a través de pagarés a la fecha. Esta práctica contraviene las exigencias legales vigentes para proteger los desembolsos de proyectos comunitarios y de fomento productivo en la zona.
Antecedentes históricos y exigencias de transparencia
Las falencias detectadas no representan un hecho aislado dentro de la historia presupuestaria del organismo, sino que reabren el debate sobre el control de las transferencias. El informe recuerda precedentes de fiscalización, como el Informe Final N° 384 emitido por la Contraloría en agosto de 2017 sobre transferencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA), donde se objetaron $78 millones por gastos en remuneraciones y arriendos no ajustados a convenio, además de diferencias por $2.675.203 en rendiciones.
Frente a la gravedad de los hallazgos expuestos en el documento de mayo de 2026, la comunidad regional y diversos actores políticos exigen el esclarecimiento inmediato de las responsabilidades administrativas. Resulta indispensable que el GORE Atacama adopte correcciones estructurales que aseguren una gestión transparente, cautelando que los recursos destinados a la Región de Atacama se ejecuten con absoluto apego a las normativas de probidad del Estado.
