Puedes cambiar la voz (gratis). Primero lee el título y luego la noticia.
Control financiero GORE Atacama revela más de $26.200 millones en cuentas sin respaldo técnico, según una auditoría interna realizada en mayo de 2026 bajo la administración del gobernador Miguel Vargas Correa.
El Gobierno Regional de Atacama, entidad responsable de la coordinación y ejecución de políticas públicas en la región, ha sido objeto de escrutinio por parte de la Contraloría General de la República en varias ocasiones. En 2017, la Contraloría emitió el Informe Final n.º 384 sobre transferencias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA), señalando deficiencias en la rendición de cuentas y diferencias de más de $2.675.203. La auditoría de 2026 vuelve a poner en evidencia la persistencia de prácticas de gestión deficientes.
Control financiero GORE Atacama expone irregularidades en la entrega de fondos públicos
El informe interno destaca que más de $26.200 millones se registraron en cuentas sin respaldo técnico suficiente, con demoras de hasta 855 días en la gestión de garantías. Asimismo, se identificó el uso de pagarés para respaldar fondos transferidos a entidades privadas sin fines de lucro, contraviniendo los dictámenes n.º 6.362 y n.º 26.496 que prohíben su utilización por no ser títulos de cobro rápido e idóneo. La administración continuó exigiendo a las organizaciones solo el 5 % de resguardo mediante boletas de garantías, permitiendo que el 95 % restante se respaldara a través de pagarés.
Entre las cifras más alarmantes se encuentran los $108,3 millones vencidos sin recuperar y la ausencia de documentación que justifique la entrega de recursos a dichas entidades. El informe también señala que el GORE no realizó auditorías o revisiones a las rendiciones de la CCIRA, lo que refleja una falta de control interno que ha sido recurrente en la región.
Impacto y proyecciones en la gestión regional
La exposición de estas irregularidades plantea un escenario de revisión y posible intervención por parte de la Contraloría y el Ministerio de Hacienda. Se espera que el GORE implemente medidas correctivas, como la reestructuración de los procesos de autorización de fondos y la adopción de sistemas de seguimiento más rigurosos. Además, la comunidad regional podría verse afectada por la pérdida de confianza en la administración pública, lo que podría influir en la asignación de recursos para proyectos de desarrollo y en la percepción de la región como destino seguro para inversiones.
