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El presupuesto seguridad minera recibió un aumento significativo anunciado este lunes por el Gobierno de Chile, con el objetivo de reforzar la prevención tras los 13 accidentes mortales registrados en lo que va del año.
La medida se concretó en una reunión del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con representantes de trabajadores, empresas y mutualidades, donde se acordó destinar los nuevos fondos a la contratación de más fiscalizadores, la adquisición de tecnología preventiva y la ampliación de equipos en todo el territorio nacional. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el presupuesto adicional permitirá financiar la relanzada de las 21 reglas de seguridad minera y fortalecer la capacidad de sancionar a las empresas que incumplan la normativa.
Incremento del presupuesto seguridad minera y sus objetivos
«Esta decisión responde a la necesidad urgente de proteger a los trabajadores de la minería, que es el motor exportador del país», declaró el ministro Daniel Mas durante el encuentro. «Con estos recursos podremos ampliar la presencia de inspectores en zonas críticas, dotarlos de herramientas de última generación y garantizar que las 21 reglas de seguridad se apliquen de forma rigurosa».
Por su parte, el director del Sernageomin, Carlos González, subrayó que el nuevo financiamiento está orientado a «incrementar la capacidad de inspección, implementar sistemas de monitoreo en tiempo real y reforzar la capacitación de los operarios». Añadió que, de mantenerse la tendencia de fallecimientos, el organismo aplicará sanciones que pueden incluir multas elevadas e incluso el cierre temporal de faenas que no cumplan los estándares de seguridad.
Proyecciones e impacto del nuevo financiamiento
Los analistas del sector estiman que el aumento del presupuesto seguridad minera podría reducir los accidentes en al menos un 30 % durante los próximos dos años, siempre que se mantenga la coordinación entre el Estado, las empresas y los sindicatos. Además, la inversión en tecnología preventiva, como sensores de gases y sistemas de detección de fallas estructurales, se espera que mejore la capacidad de respuesta ante emergencias, disminuyendo el número de víctimas fatales.
En el mediano plazo, el Gobierno prevé que la mayor fiscalización y el cumplimiento estricto de las normas impulsen la confianza de los inversionistas y mantengan la competitividad del sector, que aporta alrededor del 13 % del PIB nacional. La implementación del nuevo presupuesto está programada para iniciar en el primer trimestre de 2027, con una evaluación intermedia a finales de ese mismo año para ajustar los recursos según los resultados obtenidos.
