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Un enérgico llamado a priorizar la seguridad minera y frenar de forma decidida la pérdida de vidas humanas en faenas productivas formuló la representación parlamentaria de la Región de Atacama, tras constatar un preocupante incremento en la siniestralidad laboral. De acuerdo con los antecedentes oficiales consolidados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre los años 2022 y 2025 se contabilizaron 46 accidentes fatales a lo largo de Chile, los cuales cobraron la vida de 56 trabajadores del sector.
La evolución estadística describe una trayectoria ascendente que encendió las alarmas del ámbito público y privado. Durante el año 2025 perdieron la vida 20 operarios en faenas mineras, cifra que contrastó negativamente con los 11 fallecimientos constatados en 2024, lo que representó un incremento del 81,8% en la tasa de mortalidad del rubro. Esta tendencia adversa se ha mantenido en el curso de 2026, ejercicio en el cual, con datos actualizados al 14 de octubre, se lamentaban ya 13 decesos en registros aún de carácter preliminar.
Caída en las fiscalizaciones y debilidades en seguridad minera
Frente a este escenario, desde la Comisión de Minería de la Cámara Baja se advirtió la imperiosa necesidad de someter a escrutinio la capacidad inspectiva del Estado, el acatamiento riguroso de los protocolos preventivos y las condiciones contractuales en los yacimientos. Al respecto, se enfatizó que el país no puede normalizar que los desenlaces luctuosos se conviertan en parte del costo operativo habitual de la industria extractiva, especialmente en regiones de vocación histórica como Atacama.
Los informes emanados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) aportaron un elemento crítico al diagnóstico: las inspecciones desarrolladas por Sernageomin experimentaron una merma sustantiva, descendiendo desde 10.179 actuaciones en 2022 a 8.282 en 2023. De forma paralela, la cobertura fiscalizadora efectiva informada por el organismo retrocedió de un 71,6% a apenas un 44,4%, una baja pronunciada que obliga a reevaluar si los servicios fiscalizadores poseen la dotación presupuestaria y logística suficiente para ejercer su mandato en terreno.
Exigencia de metas concretas en mesas de trabajo y contratistas
El análisis legislativo recalcó que la investigación de cada siniestro debe desarrollarse con máximo rigor administrativo y judicial, esclareciendo responsabilidades tanto en faenas matrices como en la cadena de empresas colaboradoras y contratistas. Asimismo, se planteó que los planes comprometidos por el Ministerio de Minería y el Sernageomin —entre ellos el robustecimiento operativo y la Mesa transversal por la Seguridad Minera— deben abandonar el plano de las intenciones generales para establecer cronogramas taxativos, metas medibles y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
El pronunciamiento concluyó advirtiendo que los objetivos de tonelaje y los rendimientos comerciales no pueden situarse jamás por sobre la integridad física de las personas. En ese marco, se reafirmó el compromiso ineludible con una seguridad minera integral, donde el crecimiento económico y la generación de empleo en distritos como la Provincia del Huasco y la Región de Atacama descansen sobre una prevención fiscalizada y efectiva.
