El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha dictado una resolución clave al decretar el sobreseimiento altos mandos del Ejército de Chile, específicamente respecto a los generales Pedro Raúl Varela Sabando y Javier Eduardo Iturriaga del Campo. La decisión judicial pone fin a la investigación por el presunto delito de desacato, la cual había sido impulsada por la representación legal de la familia de Romario Veloz, el joven ecuatoriano que perdió la vida tras recibir un impacto de munición de guerra durante las movilizaciones del estallido social en octubre de 2019 en la ciudad de La Serena.
El origen de esta querella, presentada formalmente en junio de 2026, radicaba en los cuestionamientos administrativos sobre la forma en que la institución castrense tramitó la salida del capitán José Faúndez Sepúlveda. Cabe recordar que Faúndez fue condenado a una pena de 15 años de presidio por su responsabilidad directa en la muerte de Veloz y por las graves lesiones causadas a otras dos personas en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena. La parte querellante argumentaba que existió una dilación o incumplimiento deliberado en la ejecución de la baja del oficial condenado, lo que motivó la acción legal contra la cúpula militar.
Detalles del fallo y el sobreseimiento altos mandos
El magistrado Ponciano Andrés Sallés fundamentó su decisión basándose en el artículo 250, letra A, del Código Procesal Penal. Este acápite legal establece el sobreseimiento definitivo cuando el hecho investigado no es constitutivo de delito. En este sentido, el tribunal estimó que las acciones u omisiones administrativas atribuidas a los generales Varela e Iturriaga no configuraron la figura penal de desacato, desestimando así la tesis de la familia de la víctima que buscaba responsabilidades en el mando institucional por la gestión del personal bajo su cargo.
Durante el proceso, se analizó pormenorizadamente el trámite de retiro de Faúndez, el cual se habría gestionado inicialmente por razones de salud. Esta situación generó una profunda controversia pública y jurídica, ya que la familia de Romario Veloz consideraba que la institución debía aplicar de forma inmediata la inhabilidad derivada de la sentencia condenatoria firme. Sin embargo, la justicia determinó que las discrepancias en los procedimientos administrativos internos del Ejército no alcanzan el umbral de una infracción penal por desacato a resoluciones judiciales.
Implicancias para la condena principal
Es fundamental precisar que esta resolución judicial no altera en absoluto la situación procesal del capitán José Faúndez Sepúlveda. La condena de 15 años de cárcel por homicidio y lesiones graves se mantiene vigente y en etapa de cumplimiento, siendo este un proceso independiente de la arista administrativa que involucraba a los altos mandos. La defensa de la familia Veloz ha manifestado históricamente su compromiso con agotar todas las instancias legales para asegurar que se cumplan las penas impuestas y que exista una coherencia ética en las instituciones del Estado.
El cierre de esta arista judicial representa un hito en la extensa cronología del caso Romario Veloz, un proceso que ha captado la atención nacional por la gravedad de los hechos ocurridos en la Región de Coquimbo. Mientras el sobreseimiento altos mandos cierra el capítulo penal para los generales involucrados, la comunidad y los organismos de derechos humanos continúan monitoreando el cumplimiento efectivo de las sentencias y la transparencia en los procesos de baja de uniformados condenados por violaciones a los derechos fundamentales en el contexto de la crisis social de 2019.
















