Desde el recinto penitenciario de Colina I, el brigadier en retiro del Ejército y último subsecretario general de Gobierno de la dictadura, ha interpuesto una querella Jaime García Covarrubias contra los tres magistrados de la Corte de Apelaciones que dictaron su sentencia condenatoria. La acción legal, que acusa el delito de prevaricación, ha generado una inmediata respuesta institucional, quedando la investigación en manos de la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong, quien deberá determinar si existieron irregularidades en el proceso que terminó con el exmilitar tras las rejas por violaciones a los derechos humanos.
Jaime García Covarrubias no es un nombre desconocido en la historia política y militar de Chile. Durante el periodo final del régimen de Augusto Pinochet, entre 1988 y 1990, ocupó un cargo estratégico en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada por las investigaciones judiciales relacionadas con su rol como teniente y ayudante del comandante en el Regimiento Tucapel de Temuco durante los meses posteriores al golpe de Estado de 1973, un recinto identificado como centro de detención y tortura.
Antecedentes de la querella Jaime García Covarrubias
El núcleo del conflicto judicial radica en la condena impuesta por el secuestro y desaparición de Jaime Eltit Spielmann, un joven abogado y militante de la Juventud Radical cuyo rastro se perdió en octubre de 1973 tras ser visto en el mencionado regimiento. García Covarrubias, quien durante años se desempeñó como académico en instituciones vinculadas al Pentágono en Estados Unidos, sostiene en su querella Jaime García Covarrubias que los jueces habrían actuado al margen de la ley al revocar una absolución previa, incurriendo en vicios procesales que, a su juicio, constituyen prevaricación.
Los testimonios que sustentaron su condena de siete años de prisión son contundentes. Sobrevivientes del Regimiento Tucapel, como Herman Carrasco Paul, relataron ante la justicia haber sido interrogados por el entonces teniente García Covarrubias. En uno de los relatos más impactantes, se describió al oficial actuando a rostro descubierto y vistiendo tenida de gala mientras participaba en las sesiones de tortura, una imagen que fue ratificada mediante careos judiciales realizados en el año 2010.
Investigación de la Fiscalía y proyecciones
La designación de la fiscal Ximena Chong para liderar esta indagatoria añade un componente de alta relevancia técnica al caso. La persecutora deberá analizar los fundamentos de la defensa del exmilitar, quienes argumentan que la sentencia condenatoria carece de sustento fáctico y vulnera principios jurídicos fundamentales. Esta ofensiva judicial es vista por expertos como un intento de cuestionar la legitimidad de los fallos en causas de derechos humanos, en un contexto donde el exsubsecretario busca revertir su actual situación procesal.
El impacto de esta acción legal trasciende lo individual, pues pone bajo la lupa el actuar de los ministros de las cortes superiores en procesos de justicia transicional. Mientras la investigación de la Fiscalía avanza, García Covarrubias permanece cumpliendo su pena efectiva, a la espera de que los tribunales resuelvan si su acusación contra los jueces tiene mérito jurídico o si se trata de una estrategia para deslegitimar una condena basada en crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de cinco décadas.
















