La multinacional Airbus ha puesto término a la persecución penal que se seguía en Chile por el trágico accidente de un helicóptero de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Los Vilos, Región de la Araucanía. El desenlace se materializó a través de un acuerdo reparatorio que pone fin a años de indagación judicial. El siniestro, ocurrido durante un despegue desde el Aeródromo de Pichidangui, cobró la vida de dos funcionarias de la policía civil y dejó gravemente heridos a otros dos tripulantes, mientras que la aeronave quedó completamente destruida por las llamas.
El caso ha sacudido la industria aeroespacial y la seguridad aérea nacional, revelando una cadena de errores humanos y procedimentales dentro de la filial chilena de la empresa. La investigación determinó que la causa raíz del desastre fue la desconexión del eje que transmite la potencia al rotor principal. Este fallo mecánico se originó, según los peritajes, por la instalación incorrecta de tres pernos críticos durante una mantención mayor, conocida como «Gran Visita». Este procedimiento, que implica una revisión exhaustiva de 144 meses, se realizó en el taller de Airbus Chile ubicado en el aeródromo de La Reina, en Santiago, bajo condiciones de presión por plazos y horas extra que comprometieron la calidad del trabajo técnico.
Errores técnicos y presión operativa en el taller de Airbus
Los informes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la posterior indagatoria penal detallan que el mantenimiento no cumplió con los estándares de seguridad exigidos. Se estableció que las tuercas y pernos fueron posiblemente apretados a mano en lugar de utilizar herramientas de torque específicas, y que existió una presión organizativa para finalizar los trabajos dentro de un cronograma estricto. Además, la aeronave transportaba 35 litros de combustible en bidones dentro de la cabina, un factor que agravó significativamente el incendio posterior al impacto, dificultando las labores de rescate y contribuyendo a la pérdida total de la unidad.
El piloto de la nave, Mario Herrera Opazo, instructor con 1.735 horas de vuelo en ese modelo, intentó realizar un aterrizaje de emergencia tras percibir sonidos anómalos en el rotor. Sin embargo, la pérdida de potencia y la inoperancia de los pedales de dirección hicieron imposible controlar la aeronave, que terminó impactando contra una reja de postes de madera y el suelo. Las víctimas fatales fueron la subcomisaria y piloto primera Camila Silva Segura, de 35 años y 15 de servicio, y la subinspectora Daniela Zalazar Constanzo, integrante de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. El acuerdo reparatorio, cuya cifra exacta no ha sido divulgada públicamente, busca compensar a las familias de las víctimas y cerrar el capítulo judicial de esta tragedia.
Impacto institucional y lecciones para la seguridad aérea
Este incidente marca un precedente significativo en la responsabilidad civil y penal de las empresas de mantenimiento aeronáutico en Chile. La intervención de Airbus no solo implica un desembolso económico, sino también un reconocimiento implícito de las fallas en los protocolos de control de calidad. Para la comunidad de Los Vilos y la región, el recuerdo de la tragedia permanece, especialmente en un territorio donde la aviación es vital para la conectividad y el rescate. Las autoridades aeronáuticas han reforzado las auditorías a los talleres de mantenimiento para evitar que presiones comerciales o de plazos comprometan la integridad estructural de las aeronaves, priorizando siempre la vida de los tripulantes y la seguridad operativa.
















