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Diputados del PDG exigen sumarios tras grave denuncia por negligencia en Hospital Sótero del Río

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Los diputados del Partido de la Gente (PDG), Lilian Betancurt y Roberto Arroyo, integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara, han oficiado formalmente a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) y al Presidente de la República para exigir respuestas ante una vulneración crítica a la seguridad de inyectables. La acción parlamentaria surge tras la impactante denuncia de una paciente del Hospital Sótero del Río, quien aseguró haber recibido anestesia mediante una jeringa que había sido utilizada previamente en una persona portadora de VIH durante un procedimiento de cesárea realizado en 2024.

El hecho, que ha generado una profunda conmoción en la opinión pública y en el sector sanitario, describe una falla sistémica en los protocolos de asepsia y control de insumos clínicos. Según el relato de la afectada, a pesar de que el recinto asistencial le informó que la carga viral del elemento utilizado era mínima, la situación la obligó a someterse a rigurosos exámenes de seguimiento y a suspender la lactancia materna de su primer hijo, quien debió ser alimentado con fórmulas lácteas como medida de precaución ante un eventual contagio.

Fiscalización y protocolos de seguridad de inyectables

Ante la gravedad de los antecedentes, la diputada Lilian Betancurt dirigió los oficios al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente con el fin de transparentar las normas vigentes en los pabellones quirúrgicos y obstétricos. La parlamentaria enfatizó que el manejo, desecho y reposición de agujas y jeringas es un procedimiento básico que no puede quedar sujeto a improvisaciones. Entre los puntos solicitados por los legisladores se encuentran:

  • Estado de los sumarios administrativos instruidos por este caso particular.
  • Registros de capacitación del personal clínico en precauciones estándar.
  • Protocolos de supervisión para el cumplimiento del uso de insumos de un solo uso.
  • Sistemas de notificación de eventos adversos dentro de la red asistencial.

«Un procedimiento tan elemental como el uso seguro de insumos médicos debe ser una garantía absoluta para cualquier paciente en Chile. Queremos saber qué falló en la cadena de custodia y cómo se está fiscalizando que estos hechos no se repitan en otros centros de salud del país», señaló la diputada Betancurt, subrayando que la seguridad de inyectables debe ser una prioridad en la gestión hospitalaria nacional.

Propuesta de un Plan Nacional de Seguridad Sanitaria

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo impulsó una solicitud directa al Ejecutivo para evaluar la implementación de un Plan Nacional de Seguridad en el Uso de Inyectables. Esta iniciativa busca establecer estándares comunes para toda la red de salud, incluyendo auditorías periódicas y un sistema de trazabilidad que permita monitorear el ciclo de vida de cada insumo clínico, desde su ingreso al hospital hasta su eliminación definitiva como residuo biológico.

Finalmente, los parlamentarios recalcaron que este caso debe marcar un precedente para fortalecer la transparencia en la red pública. El objetivo es que los resultados de las supervisiones y los sumarios administrativos sean de conocimiento público, resguardando siempre la identidad de las víctimas, pero garantizando que existan sanciones efectivas para quienes vulneren los derechos y la integridad física de los usuarios del sistema de salud chileno.