El Tribunal Constitucional zanjó de manera definitiva la controversia judicial en torno al exconservador de Santiago Luis Maldonado, luego de que su Primera Sala declarara inadmisible el requerimiento con el que el abogado de 81 años intentaba revertir los efectos de la norma legal que lo obligó a abandonar sus funciones tras casi tres décadas en el cargo. La resolución judicial marca el epílogo formal a una serie de acciones legales interpuestas por la defensa del extitular del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas, quien buscaba cuestionar la constitucionalidad de la disposición transitoria que establece un límite de edad para el desempeño de los auxiliares de la administración de justicia.
Los antecedentes del caso se remontan a los meses previos a su salida obligatoria, ocurrida el pasado 2 de octubre por el imperativo de la ley que fija el cese de funciones para todos los auxiliares de la justicia mayores de 75 años. Ante la inminente pérdida de su plaza, el exfuncionario recurrió a diversas estrategias jurídicas, incluyendo un recurso de amparo económico declarado inadmisible por la Corte de Santiago, y posteriormente una acción antidiscriminación en un juzgado civil impulsada junto a los abogados Gonzalo García y Francisco Santana, con el propósito de generar una gestión pendiente que permitiera elevar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Argumentos y debate jurídico en torno a la inaplicabilidad
En su presentación ante la magistratura constitucional, la defensa argumentó que la disposición transitoria generaba efectos contrarios a la Constitución al constituir una discriminación arbitraria basada exclusivamente en criterios etarios. Sin embargo, los ministros desestimaron tales alegaciones al constatar que el requerimiento carecía de los fundamentos constitucionales necesarios para prosperar. La resolución fue respaldada por los votos a favor de las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Alejandra Precht, junto al ministro Héctor Mery, registrando únicamente el voto disidente del ministro Miguel Ángel Fernández.
El fallo de mayoría profundizó en que la acción interpuesta pretendía desnaturalizar el control concreto de inaplicabilidad, transformándolo en un debate abstracto sobre la distribución de competencias legislativas. Durante el proceso, el exconservador había manifestado públicamente su desacuerdo con la medida en diversas entrevistas, señalando que su nombramiento original no contemplaba un tope de edad y que su intención era continuar desempeñando sus labores debido al interés que le generaba el ejercicio de la función registral, la cual administraba en uno de los oficios más lucrativos del país.
Impacto institucional y cierre definitivo del caso
Si bien la sentencia fue notificada cuando Maldonado ya se encontraba jubilado de su cargo, la decisión de la magistratura adquiere una relevante connotación simbólica e institucional para el sistema judicial chileno. El pronunciamiento consolida el criterio respecto a la aplicación estricta de las normativas de cese de funciones para los auxiliares de la administración de justicia, despejando cualquier atisbo de excepción legal basada en interpretaciones particulares de antigüedad o derechos adquiridos en la provisión de cargos públicos de alta significación económica y administrativa.
De esta manera, el sistema judicial da por cerrada una de las polémicas más comentadas del ámbito legal metropolitano reciente, reafirmando la primacía de las disposiciones legales aprobadas por el Congreso Nacional y refrendadas por los tribunales superiores de justicia. Con este dictamen del Tribunal Constitucional, se archivan de manera definitiva las pretensiones de continuidad del exfuncionario, abriendo paso a la consolidación de la nueva etapa en la gestión del Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo los estándares normativos vigentes.
















