Un tribunal de Buenos Aires ha dictado una sentencia histórica al condenar a presidio perpetuo a Fernando Barrientos, autor de un triple lesbicidio ocurrido en mayo de 2024. El fallo judicial consideró acreditado que el imputado, de 69 años, actuó con ensañamiento y alevosía, motivado por un profundo odio hacia la orientación sexual de las víctimas. Este caso, que conmocionó a la opinión pública argentina, marca un hito en la jurisprudencia regional al reconocer explícitamente el crimen de odio como el eje central de la conducta delictiva del sentenciado.
Los hechos se remontan a la madrugada del 6 de mayo de 2024, cuando Barrientos, quien residía en el mismo hotel familiar que las afectadas, arrojó un artefacto incendiario hacia la habitación donde convivían dos parejas. El ataque resultó en la muerte de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, mientras que una cuarta mujer, Sofía Castro Riglos, logró sobrevivir al siniestro. Durante el juicio, se presentaron testimonios que confirmaron un historial previo de hostigamiento y amenazas verbales por parte del condenado, lo que permitió establecer que el ataque no fue un evento fortuito, sino la culminación de una violencia sistemática.
El peso de la justicia en los crímenes de odio
La sentencia ha sido recibida con alivio y respaldo por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTBIQ+. Durante la lectura del fallo, las querellas destacaron que la justicia finalmente ha validado la figura del lesbicidio, un término que busca visibilizar la violencia específica que sufren las mujeres por su orientación sexual. Amnistía Internacional, si bien valoró la condena, señaló que el sistema judicial aún tiene desafíos pendientes, lamentando que no se haya incorporado el agravante de violencia de género solicitado por las partes acusadoras, lo cual habría completado la perspectiva de derechos humanos en la resolución.
El impacto de este fallo trasciende las fronteras de Buenos Aires, convirtiéndose en una referencia para los debates sobre seguridad y discriminación en el Cono Sur. Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, el contexto es preocupante, registrándose un incremento del 62% en este tipo de delitos durante el último año. Esta cifra contrasta con las posturas oficiales del gobierno trasandino, que ha mantenido una retórica que minimiza la existencia de violencias específicas basadas en la identidad de género u orientación sexual.
Proyecciones y lecciones tras el fallo
La condena a presidio perpetuo no solo cierra un capítulo judicial para las familias de las víctimas, sino que también establece un estándar de protección más riguroso para la comunidad LGTBIQ+. La movilización ciudadana frente al Palacio de Tribunales, bajo la consigna de que «dormirse y despertar no sea un privilegio heterosexual», refleja la urgencia social por contar con políticas públicas que prevengan la discriminación antes de que escale en tragedias fatales.
A futuro, se espera que este precedente impulse reformas en la tipificación de los delitos de odio en la región. La sociedad civil ha manifestado que la justicia debe ser un pilar fundamental para erradicar la impunidad, especialmente cuando las víctimas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Con esta sentencia, el sistema judicial argentino reafirma su compromiso de sancionar con la máxima severidad a quienes atenten contra la vida y la dignidad de las personas basándose en prejuicios discriminatorios.
















