La explotación sexual infantil en Chile ha experimentado un incremento alarmante, con un aumento del 73% en las víctimas identificadas a través de denuncias ingresadas al Ministerio Público entre los años 2022 y 2024. Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los casos confirmados pasaron de 979 en el año 2022 a 1.691 en 2024, una cifra que evidencia la gravedad de esta vulneración de derechos humanos en el territorio nacional. Esta tendencia creciente ha motivado una respuesta coordinada por parte de las autoridades estatales, quienes buscan fortalecer los mecanismos de detección temprana y protección de la niñez.
El contexto de esta crisis se enmarca dentro del Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 2024-2032, un plan estratégico que busca abordar el problema desde múltiples ángulos, incluyendo la prevención, la sanción penal y la asistencia a las víctimas. Los reportes de la Defensoría de la Niñez complementan estas cifras, señalando que el 86% de las víctimas corresponde a niñas y adolescentes mujeres, lo que subraya la necesidad de políticas de género específicas y focalizadas. La actividad de prevención se realizó en el Terminal de Buses Sur, en Estación Central, un punto neurálgico de tránsito donde se busca sensibilizar a pasajeros y trabajadores del transporte, quienes a menudo son testigos de situaciones sospechosas.
Estrategia estatal contra la explotación sexual infantil
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, encabezó la jornada de concientización, donde enfatizó la responsabilidad ciudadana en la detección de este delito. «Necesitamos que todas las personas tomen conciencia de lo importante que es colaborar en la prevención de la explotación sexual infantil. Por eso, hoy estamos entregando este folleto que tiene consejos prácticos para poder reconocer signos de explotación infantil en espacios públicos», sostuvo la secretaria de Estado. Wulf recalcó que el Estado está trabajando de manera articulada para enfrentar esta urgencia, instando a la población a no ser indiferente ante señales de alerta y a activar los canales de denuncia inmediatos.
Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, vinculó la campaña con la necesidad de cambiar el paradigma reactivo por uno proactivo. «Estamos diciendo enfrentar el crecimiento de la explotación sexual infantil, buscando dejar de aparecer tarde y llegar antes, aumentando las medidas y políticas de prevención, creando mejores políticas públicas», afirmó Sánchez. En esta línea, el funcionario mencionó el reciente envío al Congreso de un proyecto de ley sobre seguridad en las residencias y el avance de la iniciativa de ley sobre Entornos Digitales, ambas orientadas a cerrar las brechas de protección que facilitan la labor de los explotadores, especialmente en el ciberespacio.
Señales de alerta y canales de denuncia obligatorios
Las autoridades detallaron una serie de indicadores conductuales y materiales que pueden advertir una situación de explotación: la aparición repentina de dinero, ropa o dispositivos tecnológicos de alta gama sin un origen claro; vínculos con adultos que entregan regalos o favores a cambio de atención; aislamiento social y secretismo respecto de los lugares que frecuentan; y cambios bruscos de conducta o una sexualización prematura. Asimismo, se advirtió sobre los riesgos asociados a los contactos virtuales con desconocidos mediante aplicaciones y plataformas digitales, un vector de reclutamiento en constante crecimiento.
Finalmente, el Ministerio recordó que la explotación sexual constituye una grave vulneración de derechos y que, por definición, nunca existe consentimiento posible por parte de las víctimas. Se enfatizó que denunciar permite activar medidas de protección inmediatas e iniciar la persecución penal. Cualquier ciudadano puede acudir a Carabineros (133), la Policía de Investigaciones (134) o el Ministerio Público. Es crucial destacar que existe una obligación legal de denunciar para funcionarios públicos, personal de salud y educación, equipos de protección especializada y trabajadores de medios de transporte y recintos asociados, como terminales de buses, estaciones de trenes, puertos y aeropuertos, quienes deben actuar como primera línea de defensa ante la sospecha de este delito.
















