Una profunda investigación periodística sacó a la luz pública la compleja crisis de seguridad que afecta al interior de los centros del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, registrando un total de 285 denuncias por agresiones físicas y verbales en contra de los funcionarios entre abril de 2024 y agosto de 2026. La situación pone en entredicho las condiciones laborales y los protocolos de protección con los que opera el organismo encargado de suceder al antiguo Sename, bajo la premisa estatal de modernizar y garantizar una intervención efectiva para los adolescentes que infringen la ley en el territorio nacional.
El nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil comenzó a desplegarse de manera gradual a partir de enero de 2024 en el norte del país para luego extenderse a nivel nacional, dividiendo las funciones del extinto servicio en dos instituciones separadas: una enfocada en la protección especializada y otra orientada exclusivamente al ámbito infractor. Sin embargo, los testimonios de educadores, personal de trato directo y funcionarios de seguridad revelan que en el plano operativo persisten graves deficiencias estructurales, tales como una alta rotación de personal, escasez de dotación en los módulos de atención y una persistente exposición a situaciones de extrema violencia cotidiana.
Cifras oficiales de violencia y casos críticos en los recintos
De acuerdo con los datos recabados a través de solicitudes por transparencia, el desglose de las 285 denuncias acumuladas refleja la gravedad de las amenazas que enfrentan los trabajadores a diario. Del total de registros, la mayor parte corresponde a amenazas serias con 150 casos, seguida por 86 episodios de agresiones físicas sin peligro vital, 20 eventos sin especificar, 13 situaciones de resistencia grave y activa, además de incidentes que incluyen conductas sexualizadas, agresiones con peligro de vida e incluso un caso tipificado como agresión sexual. Funcionarios de distintas regiones han reportado episodios de extrema vulnerabilidad, donde dotaciones mínimas de cuidadores deben enfrentar a grupos numerosos de jóvenes internos sin el respaldo operativo ni los recursos tecnológicos adecuados.
Particular gravedad reviste la situación en la Región del Biobío, la zona que encabeza las estadísticas con 63 casos acumulados entre 2025 y agosto de 2026. Dirigentes gremiales de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Servicio de Reinserción Juvenil (ANFUR) han advertido que la Dirección Nacional clasificó a la zona como de magnitud mediana sin ponderar debidamente la cobertura de usuarios provenientes de otras provincias vecinas como Ñuble. Esta sobredemanda genera un desequilibrio crítico en la proporción de funcionarios por casa o módulo, repercutiendo directamente en el control interno y en la integridad física de los trabajadores.
Repercusiones institucionales y desafíos en la seguridad laboral
Frente a este escenario de alta tensión laboral, las asociaciones de funcionarios han reiterado sus demandas urgentes para que las autoridades del Ministerio de Justicia y la dirección del servicio implementen modificaciones profundas en los protocolos de prevención de riesgos y doten a los recintos de infraestructura adecuada. Por su parte, la dirección del organismo ha señalado que parte de estas problemáticas corresponden a falencias heredadas del sistema anterior y que se encuentra en curso un plan de inversión enfocado en mejorar las condiciones de seguridad, los procesos de capacitación continua del personal y el fortalecimiento de los estándares institucionales a lo largo de todo Chile.
















