Un complejo escenario político y judicial enfrenta el actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval Alfonso, tras revelarse una millonaria demanda interpuesta por la Tesorería General de la República debido al no pago de patentes por derechos de agua. La acción judicial apunta directamente a Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., firma exportadora de la cual Irarrázaval es fundador y propietario, que acumula una cuantiosa morosidad por un monto superior a los 149 millones de pesos chilenos registrada entre los periodos 2015 y 2026.
Las operaciones de la empresa frutícola se encuentran emplazadas en la comuna de Colina, en un predio ubicado en Peldehue que la sociedad arrienda al Ejército de Chile bajo un contrato a largo plazo vigente hasta el año 2047. Este acuerdo comercial incluyó la cesión de la administración de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de las vertientes del Río Colina. De acuerdo a las normativas del Código de Aguas, la no construcción de obras destinadas a la extracción del recurso gatilla de manera automática la obligación de cancelar patentes anuales de beneficio fiscal, una medida diseñada por el Estado para desincentivar el acaparamiento improductivo de este vital elemento.
Detalles del litigio por derechos de agua
El litigio tomó fuerza pública el pasado 28 de mayo, cuando el director regional de la Tesorería Santiago Poniente lideró una masiva demanda ejecutiva en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra 133 personas naturales y jurídicas deudoras de estas obligaciones. La acción legal busca el embargo y el posterior remate público de cada autorización de extracción, incluyendo los derechos de agua de la empresa del asesor presidencial. Fuentes del entorno del ingeniero comercial señalaron que este dejó formalmente las funciones de administración en agosto de 2025 para enfocarse en sus labores gubernamentales, argumentando además que las diferencias técnicas respecto a los cobros fiscales se están canalizando a través de los tribunales civiles correspondientes.
La defensa de la empresa agrícola había iniciado previamente en 2023 un juicio ordinario contra la Dirección General de Aguas (DGA) en el que solicitaba la declaración de prescripción extintiva de deudas del periodo 2017 y 2020, las cuales sumaban un monto de 28 millones de pesos. Aunque dicho proceso judicial culminó en primera instancia en abril de 2025, el expediente terminó archivándose sin surtir mayores efectos de notificación legal. No obstante, las revisiones de antecedentes certificaron que la deuda neta acumulada, sumando intereses, multas y reajustes, asciende a la suma de $149.100.950, afectando la imagen de la administración.
Implicancias del cobro de patentes
A nivel país, la Dirección General de Aguas informó que más de 5.400 derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas se encuentran en mora por no uso, un déficit que el Fisco proyecta subsanar mediante estas drásticas acciones judiciales con las que se espera recaudar más de 397 mil millones de pesos. Mientras las causas sigan su curso regular en los tribunales civiles capitalinos, la permanencia de altos funcionarios con deudas fiscales de esta envergadura continuará en el foco del debate legislativo y social, impulsando una mayor exigencia de probidad e integridad comercial para quienes asumen cargos de extrema confianza pública.
