Una nueva demanda contra el Estado de Chile fue presentada ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago, solicitando una indemnización total de 200 millones de pesos en favor de dos víctimas de la dictadura militar. La acción legal surge tras la polémica decisión del Ministerio de Justicia de otorgar una rebaja de condena a Manuel Cabezas Pérez, ex suboficial de la Fuerza Aérea (FACh) condenado por delitos de lesa humanidad. Los demandantes, Patricio Rivera y Ramón Pavez, sostienen que la liberación anticipada de su victimario les ha provocado un daño moral inédito y revictimizante, distinto al sufrimiento original padecido durante las torturas de 1973.
El caso se remonta a los días posteriores al golpe de Estado de 1973, específicamente en la Base Aérea El Bosque, donde Cabezas Pérez se desempeñaba en el Departamento II de Inteligencia. Según los antecedentes judiciales que sustentan esta demanda contra el Estado, las víctimas fueron sometidas a tormentos sistemáticos que incluyeron descargas eléctricas en genitales y lengua, simulacros de fusilamiento y agresiones físicas extremas. Rivera, ex trabajador de Madeco, y Pavez, detenido en el centro de Santiago, debieron enfrentar procesos de expulsión y exilio tras pasar por recintos como el Estadio Nacional y la Penitenciaría, marcando sus vidas de forma irreversible.
Impacto de la demanda contra el Estado por daño moral
La controversia escaló cuando el ministro de Justicia, Fernando Rabat, concedió una reducción de ocho meses de pena al condenado por un supuesto buen comportamiento. Esta decisión permitió que Cabezas Pérez saliera de prisión antes de lo previsto, hecho que fue celebrado públicamente por el ex uniformado. En sus declaraciones, el beneficiado negó su responsabilidad en los hechos y agradeció que su liberación ocurriera bajo la actual administración de José Antonio Kast. Para los abogados de las víctimas, este escenario constituye una falta grave del Fisco, que no habría considerado los derechos de los sobrevivientes ni les informó oportunamente sobre el beneficio carcelario.
Técnicamente, la acción judicial desglosa la petición en 100 millones de pesos para cada uno de los afectados. Es importante recordar que en un proceso previo, la Corte Suprema ya había dejado firme una sentencia que condenaba al Fisco a pagar 40 millones a cada víctima por los daños originales de la dictadura. Sin embargo, esta nueva demanda contra el Estado argumenta que la gestión administrativa de la pena en democracia ha generado un perjuicio autónomo, al vulnerar el principio de reparación integral y justicia que el país debe garantizar en casos de crímenes de lesa humanidad.
Antecedentes de crímenes de lesa humanidad y proyecciones
El historial penal de Manuel Cabezas Pérez es extenso y está plenamente acreditado. En 2017 fue condenado por el ministro en visita Mario Carroza, sentencia que luego fue elevada por la Corte de Apelaciones de Santiago a cinco años y un día de presidio efectivo, al calificar los hechos como torturas con resultado de lesiones graves. La actual arremetida legal busca sentar un precedente sobre la responsabilidad política y administrativa de las autoridades al otorgar beneficios a criminales de guerra, especialmente cuando el comportamiento del beneficiado demuestra una nula contrición. Los puntos clave de la demanda incluyen:
- Vulneración del derecho a la reparación integral de las víctimas.
- Falta de notificación y participación de los afectados en el proceso de beneficios carcelarios.
- Daño moral derivado de la burla pública y negacionismo del victimario tras su liberación.
El Tercer Juzgado Civil de Santiago deberá ahora tramitar esta causa, que pone nuevamente en el centro del debate nacional la tensión entre las facultades del Ejecutivo para reducir condenas y los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Mientras Patricio Rivera reside en el país y Ramón Pavez continúa su vida en Francia, el resultado de esta demanda contra el Estado será clave para determinar si la justicia civil reconoce la revictimización como un daño indemnizable, cerrando un capítulo que ha reabierto heridas profundas en la memoria histórica de la nación.
