La Corte de Apelaciones de Valdivia condenó a la Armada a pagar 700 millones de pesos a un grupo de 16 familiares de los cinco tripulantes fallecidos tras la trágica colisión marítima ocurrida en marzo de 2020 en la bahía de Corral, Región de Los Ríos. En un fallo unánime dictado por la Segunda Sala del tribunal de alzada, se revocó la resolución de primera instancia del Primer Juzgado Civil, estableciendo de manera categórica la falta de servicio en que incurrió la institución naval durante los operativos de salvataje posteriores al accidente que involucró a la barcaza Comau y la lancha pesquera artesanal Victoria.
Los antecedentes del caso se remontan al martes 24 de marzo de 2020, cuando la lancha Victoria zarpó desde el muelle de Niebla con rumbo a la comuna puerto con siete tripulantes a bordo, mientras que la barcaza Comau inició su navegación desde Caleta Amargos hacia Valdivia. Ambas embarcaciones colisionaron en medio de condiciones climáticas adversas caracterizadas por baja visibilidad y una densa niebla, trágico suceso donde solo uno de los tripulantes logró sobrevivir a las inclemencias del agua y al impacto inicial.
Deficiencias operativas y falta de medios idóneos
De acuerdo con el análisis jurídico desarrollado por el tribunal, la institución marítima no contaba con el personal ni con los elementos suficientes para proceder en tiempo y forma al rescate de las víctimas atrapadas. El fallo detalla que al momento de ser requerida la intervención de la Armada no existía un mando claro en las operaciones, a lo que se sumó la grave determinación de impedir la colaboración activa de terceros, específicamente embarcaciones pesqueras cuyos tripulantes poseían vasta experiencia en rescates en la zona.
Asimismo, la justicia constató que no hubo intervención oportuna de buzos especializados por parte de la Armada, calificando además como tardío e injustificado el traslado de la nave siniestrada. Una mala maniobra posterior provocó un varamiento inesperado y un nuevo hundimiento de la lancha Victoria, consolidando la negligencia en el actuar de los agentes del Estado y la relación directa de causalidad con el daño moral causado a los deudos.
Indemnización y cierre del proceso judicial
Tras conocerse la sentencia, el abogado representante de las familias afectadas, Manuel Durán, valoró el pronunciamiento judicial al señalar que este dictamen otorga un grado de alivio y justicia a los seres queridos de las víctimas tras años de batallas legales. El tribunal resolvió acoger la acción de indemnización de perjuicios por daño moral en favor de 16 familiares directos, montos que deberán ser desembolsados por la institución una vez que la sentencia quede completamente firme y ejecutoriada.
Este fallo sienta un precedente relevante respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus instituciones armadas ante la falta de servicio en situaciones de emergencia civil y marítima. La resolución reafirma la necesidad de estandarizar protocolos de respuesta rápida y optimizar la coordinación con actores locales en el litoral chileno, resguardando la vida humana en el mar y garantizando la transparencia institucional ante la ciudadanía.
