Vera Voitova, PhD
Jesús Juyumaya, PhD
Facultad de Economía y Negocios, Universidad Andrés Bello
Hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse: ¿estamos preparando a los jóvenes para trabajar o solo para conseguir un buen puesto de trabajo? La distinción parece menor, pero ordena buena parte del problema. En el trimestre julio-septiembre de 2026, la desocupación nacional llegó a 9,8%, su nivel más alto en cinco años, y los ocupados de 15 a 24 años cayeron 6,2% en doce meses, frente a un retroceso de 1,1% en el total, según el INE. A los jóvenes no solo les cuesta más entrar: están saliendo del empleo casi seis veces más rápido que el resto.
En una época en que las redes sociales muestran vidas aparentemente resueltas, viajes, consumo y éxito profesional, es fácil confundir el resultado final con el punto de partida. Vemos el estilo de vida de quien ya construyó una carrera, pero no los años de aprendizaje, los errores ni las tareas rutinarias que lo hicieron posible. El problema no es aspirar a esa vida, sino querer empezar por el final: cuando alguien compara su primera etapa profesional con la de quien lleva diez años de trayectoria, la frustración es inevitable y además injusta consigo mismo.
A eso se suma un círculo conocido: las empresas exigen experiencia, pero no siempre ofrecen las oportunidades para adquirirla, mientras algunos candidatos esperan que su primer puesto combine salario elevado, flexibilidad, autonomía y desarrollo inmediato. ¿Es legítimo aspirar a eso? Por supuesto. La pregunta es si puede obtenerse todo junto al comenzar. Un título acredita formación, pero no garantiza que alguien aplique de inmediato lo aprendido ante un cliente difícil, un conflicto de equipo o un resultado exigido bajo presión. Esas capacidades se desarrollan practicando, y por eso la empleabilidad no es el efecto automático de un diploma sino un proceso acumulativo en que la formación se complementa con experiencia.
La comparación internacional ofrece pistas, siempre que evitemos idealizar otros países. Según Eurostat, en 2024 el 25,4% de los jóvenes europeos de 15 a 29 años trabajaba mientras participaba en la educación formal, aunque con diferencias nacionales enormes: 74,3% en Países Bajos, 56,4% en Dinamarca y 45,8% en Alemania, y proporciones mucho menores en otros países del bloque. En Estados Unidos, en octubre de 2024 el 49,2% de las personas de 16 a 24 años matriculadas en educación superior participaba en la fuerza laboral, frente a un 22,3% entre quienes cursaban enseñanza secundaria, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Estas cifras no prueban que trabajar durante los estudios garantice éxito profesional ni que exista una única cultura laboral virtuosa. Sí permiten formular una pregunta pertinente para Chile: cómo facilitamos que los estudiantes acumulen experiencia antes de titularse, sin abandonar la carrera ni aceptar cualquier condición.
Hay además una dimensión económica que no conviene omitir. Contratar implica costos salariales y no salariales, tiempo de supervisión y adaptación, y quien comienza suele requerir más acompañamiento antes de alcanzar la autonomía de un trabajador con experiencia. Toda contratación es una inversión y las empresas evalúan su retorno. En un país con un desafío estructural de productividad, como ha señalado la OCDE al insistir en innovación, digitalización y capacidades productivas, esa evaluación se vuelve más estricta.
La transición al trabajo, en definitiva, no puede ser responsabilidad exclusiva de los jóvenes. Las universidades deben fortalecer el vínculo con el mundo profesional y ofrecer experiencias aplicadas durante la carrera. Las empresas necesitan crear puestos de entrada, dar retroalimentación y evaluar potencial de aprendizaje, no solo experiencia acumulada. Las familias contribuyen promoviendo autonomía progresiva, que es distinto de proteger. Y la política pública debería lograr que esa transición no dependa de los contactos personales ni de la capacidad económica del hogar, una de las desigualdades menos discutidas de nuestro mercado laboral.
