La comunidad de la zona centro-sur del país y diversas organizaciones ambientalistas se encuentran conmocionadas tras confirmarse la muerte de quique, un ejemplar de hurón chileno que había sido decomisado recientemente por la Policía de Investigaciones (PDI) desde el Centro de Rehabilitación Ñacurutú, ubicado en la comuna de Tomé. El hecho ha escalado a instancias judiciales luego de que la fundación a cargo del animal denunciara presuntas negligencias que habrían derivado en el deceso del mamífero, el cual se encontraba bajo su protección desde hace cuatro años.
El conflicto se originó en octubre pasado, cuando efectivos de la PDI, en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), procedieron a retirar al quique y a tres loros choroy desde el domicilio de Cristian Herrera, médico y fundador de la organización Ñacurutú. El procedimiento se fundamentó en denuncias ingresadas al organismo estatal por una supuesta tenencia irregular de especies silvestres, pese a que la fundación sostiene que existía un convenio previo con el propio SAG que autorizaba la permanencia del ejemplar en dicho recinto para su recuperación y cuidado.
Antecedentes de la muerte de quique y el rol del SAG
Tras el decomiso, el animal fue trasladado hasta el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad San Sebastián, lugar donde permaneció algunas semanas antes de que se reportara su fallecimiento. Según la versión entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero, el ejemplar fue derivado a la clínica tras presentar diversas afectaciones de salud, asegurando que estuvo bajo monitoreo constante por parte de equipos profesionales. Sin embargo, esta versión es tajantemente rechazada por los representantes legales de la fundación, quienes aseguran que el animal gozaba de un estado de salud óptimo antes de la intervención policial.
La abogada de la entidad, Rocío García, fue enfática en señalar que la medida de fuerza no tuvo una justificación técnica sólida. «Existen testimonios de funcionarios y pruebas que acreditan que el quique estaba en excelentes condiciones. No comprendemos por qué se procedió de esta forma con un animal que ya estaba en un proceso de rehabilitación exitoso», afirmó la jurista. Ante este escenario, la Fundación Ñacurutú formalizó una denuncia por el delito de maltrato animal, buscando que el Ministerio Público determine las responsabilidades penales tras la muerte de quique.
Impacto en la protección de fauna silvestre
Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate público los protocolos de fiscalización y el rol de los centros de rehabilitación privados en Chile. La controversia radica en los siguientes puntos clave presentados por la defensa:
- La existencia de un convenio vigente entre el SAG y la fundación para la custodia del ejemplar.
- La presunta falta de un diagnóstico previo que justificara el traslado de urgencia a una clínica externa.
- El impacto emocional y físico que el estrés del decomiso pudo generar en una especie altamente sensible como el Galictis cuja.
Finalmente, se espera que en las próximas semanas se entreguen los resultados de la necropsia realizada al ejemplar para determinar con exactitud las causas del deceso. Mientras tanto, el SAG ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación, aunque mantienen su postura respecto a que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente sobre protección de fauna. El desenlace de esta querella podría marcar un precedente importante en la forma en que las instituciones del Estado interactúan con las ONG dedicadas a la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional.
