Una compleja situación de transparencia envuelve la actual licitación de Carabineros para la renovación de su sistema nacional de radiocomunicaciones, un proyecto estratégico cuya inversión proyectada supera los $339 mil millones de pesos para los próximos diez años. La controversia surge tras la detección de vínculos societarios entre dos de las empresas que aspiran a adjudicarse el millonario contrato: CCS SpA y NMI SpA. Ambas firmas, dedicadas al rubro de las telecomunicaciones, presentan la particularidad de haber sido constituidas con un capital inicial de apenas $1 millón de pesos cada una, una cifra que contrasta drásticamente con la magnitud económica y técnica del servicio que pretenden proveer a la institución policial.
El proyecto, fundamental para la seguridad pública en todo el territorio nacional, busca modernizar el sistema conocido como trunking, la red troncalizada que permite la comunicación crítica entre los funcionarios durante procedimientos operativos. Según documentos oficiales emanados del Departamento de Abastecimiento de la institución, el costo estimado del contrato considera pagos mensuales superiores a los $2.831 millones. Este proceso de renovación ocurre en un contexto de alta presión administrativa, luego de que la Contraloría General de la República cuestionara previamente a la policía uniformada por mantener el servicio mediante sucesivos tratos directos, instando a la realización de un concurso público transparente y competitivo.
Vínculos societarios en la licitación de Carabineros
La investigación sobre los oferentes permitió establecer que, aunque CCS y NMI figuran como entidades distintas en el papel, comparten nexos directos con un mismo grupo empresarial. El nombre central en esta red es el de Marcos José Vaccarezza Zolezzi, quien fundó CCS SpA en abril de 2019 y ha mantenido participaciones en R&M SpA, sociedad que llegó a controlar la totalidad de las acciones de NMI SpA. Esta última empresa, además, inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace apenas cuatro meses, lo que levanta interrogantes sobre la experiencia y solvencia técnica necesaria para gestionar una infraestructura de seguridad nacional de esta envergadura.
Desde el entorno de las empresas involucradas, se ha argumentado que la creación de distintas sociedades responde a una estrategia para presentar diversas alternativas tecnológicas en las consultas de mercado. Sin embargo, la coincidencia de capitales mínimos y la estructura de propiedad compartida han encendido las alarmas en el sector. Cabe destacar que la licitación de Carabineros también ha atraído el interés de gigantes internacionales de la tecnología como Motorola, Hytera y Sonda, quienes han debido suscribir estrictos acuerdos de confidencialidad para acceder a los requerimientos técnicos del proceso, dada la naturaleza sensible de las comunicaciones policiales.
Impacto en la transparencia y próximos pasos
La magnitud del negocio no solo es relevante por las cifras involucradas, sino por la continuidad operativa de la fuerza policial. Actualmente, el servicio es provisto por la empresa Interexport a través de un contrato de arrendamiento que fue extendido en julio de 2026 por un monto de $39.103 millones para asegurar el funcionamiento del sistema por otros doce meses mientras se resuelve el concurso definitivo. La resolución de esta licitación es clave para evitar nuevos reparos de los organismos fiscalizadores y garantizar que el Estado obtenga la mejor relación entre costo y eficiencia tecnológica en un área crítica para el combate contra la delincuencia.
En las próximas etapas del proceso, la institución deberá evaluar si las empresas de bajo capital cumplen con los requisitos de solvencia y experiencia exigidos en las bases. La comunidad y los expertos en probidad pública mantienen su atención sobre cómo se resolverá esta licitación de Carabineros, esperando que los mecanismos de control interno aseguren que la adjudicación recaiga en proveedores capaces de sostener una red que no puede permitirse fallas. Por ahora, Carabineros ha mantenido reserva sobre los detalles específicos de las evaluaciones, argumentando que se trata de un proceso en curso bajo normas de confidencialidad estratégica.
