La Contraloría General de la República (CGR) inició formalmente una indagatoria para esclarecer las circunstancias que rodearon la mantención del Boeing 767-300ER de la Fuerza Aérea de Chile, la aeronave utilizada para los traslados presidenciales. El proceso fiscalizador se puso en marcha luego de que el organismo contralor, encabezado por la contralora Dorothy Pérez, recibiera una denuncia anónima a mediados de octubre, la cual cuestiona la legalidad, los procedimientos de subcontratación y las capacidades técnicas de las firmas encargadas de intervenir el aparato institucional.
El núcleo de la controversia radica en el cambio abrupto de estrategia por parte de la rama castrense, que optó por cancelar de manera intempestiva una licitación internacional destinada a estos fines. En su lugar, el contrato fue asignado mediante un trato directo a la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), la cual al carecer de la infraestructura y especialización específica para aeronaves de fuselaje ancho, derivó las labores a la compañía estadounidense RAM y a su filial radicada en la Región Metropolitana, APAS Chile, desatando suspicacias sobre los estándares de fiscalización y cumplimiento normativo.
Cuestionamientos técnicos y defensa de las instituciones castrenses
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la presentación ante la CGR, las bases del concurso público original exigían un taller rigurosamente certificado y con experiencia comprobable en el mantenimiento de aviones Boeing 767. Sin embargo, la propuesta ejecutada a través de las firmas subcontratadas no cumpliría a cabalidad con dichos requisitos. Ante esto, la denuncia exige revisar detalladamente el expediente de habilitación emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que otorgó la certificación respectiva a los talleres nacionales el pasado mes de octubre tras el ingreso del avión a las dependencias habilitadas.
Por su parte, tanto la Fuerza Aérea como ENAER han defendido la decisión argumentando razones técnicas, logísticas y presupuestarias de peso. Desde la Empresa Nacional de Aeronáutica explicaron que la decisión de realizar los trabajos en territorio nacional obedeció a una estricta premura para cumplir con las directivas vigentes de aeronavegabilidad, sumado a una restricción operacional que impedía que el aparato volara hacia el extranjero sin una intervención previa. Asimismo, se relevó un factor financiero clave, ya que trasladar la aeronave a talleres en Estados Unidos —práctica habitual desde 2009— implica un costo elevado por concepto de combustible, viáticos y logística internacional.
Repercusiones operacionales y próximas etapas de la investigación
El escrutinio público sobre el avión presidencial se intensificó tras registrarse un episodio en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde la aeronave experimentó una variación en la temperatura de sus frenos tras aterrizar con el mandatario a bordo. Si bien desde Presidencia y estamentos especializados descartaron tajantemente la existencia de una falla mecánica y aclararon que la ventilación asistida por bomberos corresponde a un procedimiento estándar de seguridad física, el hecho aportó nuevos antecedentes al debate sobre el estado operacional de la flota institucional.
En las próximas semanas, la Contraloría General de la República continuará recabando los antecedentes contables y técnicos solicitados a la FACh y a ENAER. El organismo fiscalizador deberá determinar si los tratos directos y las subcontrataciones se ajustaron estrictamente a la normativa de probidad administrativa y contratación pública que rige a las Fuerzas Armadas, un dictamen que marcará precedentes en los futuros procesos de mantenimiento para aeronaves estratégicas del Estado chileno.
