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CIERRE DE IANSA EN LINARES PERMITIRÁ ENRIQUECIMIENTO DEL “RETAIL” A COSTA DE MILES DE EMPLEOS

El Gobierno anunció la rebaja, durante un mes, de los impuestos a la importación de azúcar, lo que permitirá la especulación financiera de corporaciones locales, y comprometerá seriamente el trabajo productores tradicionales
El cierre de la planta azucarera de Iansa, en Linares, ha caído como un balde agua fría en la comuna. Los despidos masivos anunciados para el mes de agosto – cuatro mil trabajadores, directos e indirectos- impactarán duramente la economía local, que dependía casi exclusivamente de las actividades de la empresa.
Al respecto, Lucila Carrasco, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de Linares, indicó para Diario El Centro que “los linarenses quieren trabajar y llevar el sustento a sus hogares. Estos no son tiempos para sonreír, son tiempos para apoyar a nuestra gente que lo está pasando mal”.
La decisión, tomada por el holding controlador de Iansa, ED&F Man Chile Holdings, tiene varias aristas relativas al manejo político de la proyección de la agroindustria chilena. A principios de abril de este año, ED&F tomó control de la azucarera y poco tiempo después anunciaron el cierre de la planta refinadora de Linares, cuestión que activó las alertas a nivel local, por parte de trabajadores y asociaciones de remolacheros –quienes venden la mayor parte de sus cosechas a Iansa-, así como del gobierno, que intentó negociar con el holding un aplazamiento del cierre de dos años, para tratar de evitar el desastre que se avecinaba en la comuna, pues según su alcalde, Mario Mesa, este cierre significa la “cesantía total”.
Después de los malos resultados de la negociación entre el gobierno y el holding extranjero, ED&F anunció el cierre, no sin que antes el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, firmara un decreto (DTO 181 EXENTO23-JUN-2018) en que se rebajan durante un mes los impuestos a la importación de azúcar, lo que permitirá la especulación financiera de corporaciones locales, comprometiendo seriamente el trabajo los productores tradicionales. Esto, con el fin de suplir el stock de azúcar, favoreciendo al retail importador que opera en Chile –en manos de la oligarquía financiera local- y, de pasada, afectando directamente a los transportistas y pequeños productores de remolacha, que verán cómo sus trabajos se vuelven obsoletos, empeorando la ya grave situación consecuencia de los despidos. Cada cual puede sacar sus conclusiones.
Otra arista relevante, de carácter general, que se desprende de esta polémica, es la vulnerabilidad que afecta a los trabajadores en Chile, sobre todo a los de la agroindustria. Según indicó al portal Diario La Prensa, Rodrigo Palomo, director del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, esta situación “sigue la línea de varias empresas grandes que han estado sufriendo despidos” de “muchos trabajadores en un mismo momento y por una misma razón”.
Palomo añadió que “no existe hoy en Chile una herramienta que dificulte o entrabe la posibilidad del despido colectivo en los empleadores. En términos prácticos, da lo mismo despedir a uno que despedirlos a todos”.
La práctica de realizar despidos masivos permite a las grandes empresas reaccionar de manera oportunista a cambios en los mercados globales, produciendo giros radicales en las estructuras de las economías locales y dejando, como en este caso, comunidades completas en el abandono y la incertidumbre.
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